Creímos finalizada@ la polémica con el magistrado Fernando Cruz. El 30 de octubre publicamos su última réplica y decidimos no contestar. Tuvo la última palabra, pero nos sorprendió con un nuevo texto y no volveremos a callar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia no quiere ver a Costa Rica “atrapada entre el ánimo pontificador de quienes, a punta de editoriales y titulares de prensa, pretenden imponer su particular visión sobre el futuro del país y la intransigencia de aquellos que, con bloqueos callejeros y actos de fuerza, intenten defender pequeños o grandes privilegios de cualquier naturaleza”.
Entre unos y otros está él, movido por las razones más nobles y, en particular, por la defensa de la independencia del Poder Judicial. Admite tener fallas como paladín y con aparente humildad reconoce errores “de forma”, producto de “cierta vehemencia” y de una traición de la “espontaneidad” y “sinceridad”. Habla “sin cálculo”, le cuesta callar y no puede fingir cuando está de por medio la defensa de altísimos valores.
En suma, don Fernando confiesa ser vehemente, espontáneo, sincero, ajeno al cálculo, incapaz de fingir o abstenerse de decir lo que piensa cuando se lo exige la defensa de altísimos valores. ¡Y esos son sus defectos!
La insistencia en decir la más pura verdad y defender altísimos principios, no privilegios, redunda en “debilidades comunicacionales” que explican la cadena de desaciertos salidos de sus labios y pluma. Fruto de tantas virtudes, confiesa, ha pronunciado “algunas expresiones poco afortunadas” que “fácilmente han sido interpretadas en forma distinta y hasta contrarias al propósito con que fueron expresadas”.
La maldad, al fin y al cabo, está en la interpretación “de quienes, a punta de editoriales y titulares de prensa, pretenden imponer su particular visión sobre el futuro del país”. Estamos notificados: cuando don Fernando falta a la verdad o dice un absurdo se trata de una expresión “desafortunada”, cuyo verdadero significado difiere del percibido por quienes la escuchan.
El país lo oyó preguntar: “¿Y la pobreza que no se ha resuelto? ¿O es que nosotros, clase media, vamos a resolver la pobreza del país?”. Quien lo desee puede volver a escucharlo, pero si entiende que el magistrado se incluyó en la clase media, con todo y su importante salario, incurrirá en la infamia de torcer lo dicho para hacerlo parecer contrario a su verdadero propósito y significado.
Durante la sesión en que la Corte Plena objetó el plan fiscal, la magistrada Iris Rocío Rojas jamás “señaló que las disminuciones al presupuesto de la Corte podrían resolver la pobreza”, pero don Fernando le atribuye haberlo hecho “en dos o tres ocasiones” y así intenta justificar los absurdos que él pronunció sobre el asunto.
“Nunca presumí que el plan fiscal y de contención del gasto pretendiera resolver la pobreza, esa afirmación la hice a propósito de la intervención de una compañera que supuso ese enfoque”, escribió el magistrado con total desapego de la verdad, como puede constatarlo quien escuche la grabación de la sesión, disponible en Internet. Queda pendiente esclarecer por qué, si la magistrada hubiera dicho lo que se le atribuye, el presidente de la Corte se habría sentido obligado a afirmar un absurdo que “nunca” presumió.
También le interpretamos mal cuando dijo, en el programa Matices de radio Monumental, el pasado 18 de octubre: “Soy asalariado. Es decir, que si a mí me quitan el salario, yo paso a estar en pobreza o en limitaciones muy serias”. Dicho así, sin más explicaciones, la afirmación es completamente falsa, porque nadie le va a quitar el salario. Dejará de percibirlo, dentro de dos años, por su anunciada decisión de pensionarse. Si por algún impensable motivo alguien pudiera quitarle el salario, don Fernando no caería en la pobreza ni en serias limitaciones. Caería en el mullido colchón de su pensión privilegiada.
En la misma entrevista, mientras admitía que su salario no es de clase media, ensayaba otra explicación absurda. “Es muy difícil autoclasificarse”, afirmó. Casi de inmediato abandonó el argumento, porque solo servía para confirmar su lejanía de la realidad nacional, puesta en evidencia por la pretensión de pertenecer a la clase media. Autoclasificarse no debería ser problema si el magistrado conoce su salario.
Ese alejamiento de la realidad fue materia del editorial donde comparamos a la Corte de don Fernando con la Corte de María Antonieta y la receta de alimentar a los pobres con pasteles, a falta de pan. Por eso sorprende leer, en el último texto de don Fernando, una descalificación de “los simplismos y las posiciones temerarias” cuando se habla de la crisis fiscal. Lo dice quien ofreció resolver el complejo problema con un aumento del 3 % al “impuesto directo” a las personas jurídicas.
Aunque seguro quiso decir algo distinto, en la grabación se escucha: “El país está por quebrar (…) por supuesto. ¿Por qué no aumentamos el impuesto directo a las personas jurídicas en un 3 %? Si es tanto el problema que tiene el país y la pobreza que no se ha resuelto”.
El único “impuesto directo” a las personas jurídicas es el establecido para complementar los ingresos del Ministerio de Seguridad Pública. Aumentarlo en un 3 % daría una suma insignificante. Si aceptamos la invitación del magistrado a atribuir sus palabras al exceso de vehemencia e interpretarlas de forma que cobren sentido, debemos entender que quiso referirse al impuesto sobre la renta a las personas jurídicas. En ese caso, la recaudación subiría en un 0,21 % del producto interno bruto. Eso no serviría para erradicar la pobreza, cuyo combate se financió con más del 2,6 % del PIB el año pasado, ni para salvar al país de la “quiebra” (Hacienda necesita entre un 3,5 % y un 4 % del PIB para eliminar el déficit primario).
Huelga añadir que en su simplismo, el presidente de la Corte no reflexiona sobre el impacto de los impuestos en un momento de preocupante desaceleración económica, ni sobre la conveniencia de dedicarlos a alimentar los privilegios de la burocracia, ni sobre el nivel de la imposición ya existente. Quizá no imagine que la tarifa aplicada actualmente a las empresas, sumada al impuesto sobre los dividendos, alcanza el 40,5 %.
El “ánimo pontificador de quienes, a punta de editoriales y titulares de prensa, pretenden imponer su particular visión sobre el futuro del país”, así como sus “simplismos”, son compartidos por el gobierno del Partido Acción Ciudadana, las autoridades fiscales, el Banco Central, la gran mayoría de los economistas —sin distinciones partidarias—, los organismos financieros internacionales y la abrumadora mayoría de diputados, para no extender la lista.
El magistrado procura convencernos del desinterés de sus esfuerzos y para hacerlo cita, una vez más, la no afectación de los salarios actuales por el plan fiscal. Es un argumento engañoso. Los salarios vigentes no sufrirán alteración, pero sí se verán afectados por la reforma a las anualidades y algunos quedarán congelados dos años. Las pensiones de lujo, entre ellas las de los magistrados, se reducirán por el pago de nuevos impuestos, eso sí, sin riesgo de sumir a don Fernando en la pobreza dentro de dos años.
La Corte salió en defensa de sus privilegios. Es preciso repetirlo cuantas veces sea necesario. Basta con repasar el video de la sesión de la Corte Plena para ver cuáles fueron los temas tratados. La lectura del informe aprobado por los magistrados conduce a la misma conclusión. El país no puede tener, siquiera, una regla fiscal porque si los presupuestos no crecen, tampoco lo harán los privilegios que don Fernando defiende desde hace años.
En diciembre del 2014, el ahora presidente de la Corte destacó entre los críticos de un proyecto que proponía imponer una contribución adicional a las pensiones de lujo. En ese momento, nadie habló de amenazas a la independencia del Poder Judicial, pero el magistrado censuró que para afectar a los jubilados “sí hay músculo político y múltiples iniciativas”. Por supuesto, no se refería a los jubilados de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Con el presidente de la Corte podemos coincidir cuando dice que ha “facilitado el trabajo a quienes, por razones diversas”, han querido colocarlo “ante la opinión pública como un defensor a ultranza de privilegios salariales”. No hay duda.