EscucharLa Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dio un paso significativo rumbo a la unificación de los regímenes de pensiones. El 19 de diciembre, los diputados aprobaron el dictamen afirmativo del proyecto de ley planteado por el legislador y ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, para reformar, una vez más, las pensiones de lujo.
La multiplicidad de esfuerzos y proyectos de reforma testimonia la diversidad y disparidad de regímenes creados a lo largo de los años para responder a intereses específicos de los grupos de funcionarios con más influencia en la Administración Pública. En ningún caso se trata de privilegios concedidos a trabajadores del sector privado cuyo único refugio es el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
A ese régimen deben ir a parar todas las pensiones, salvo las complementarias, en atención a principios de economía, justicia y equidad. Esa es, precisamente, la ruta señalada por el proyecto de ley dictaminado en diciembre. La iniciativa cierra el acceso a las jubilaciones con cargo al presupuesto nacional, como las de Hacienda, Obras Públicas y el llamado régimen general. Los beneficiarios actuales mantienen sus condiciones, pero solo tendrán oportunidad de incorporarse quienes cumplan los requisitos dieciocho meses después de la vigencia de la reforma. Los demás afiliados se trasladarán al IVM.
El proyecto también contempla bajar el tope a las pensiones de lujo de ¢2,7 millones a ¢2,2 millones. Así, las jubilaciones de este tipo quedarían unos ¢600.000 por encima del máximo pagado por el IVM. La aproximación de las cifras, si bien no unifica regímenes, disminuye el abismo entre ellos y conjuga con el propósito de aumentar la economía, la justicia y la equidad.
Lo mismo procura la imposición de una contribución adicional a los regímenes administrados por el magisterio nacional y la Dirección Nacional de Pensiones. En el caso del magisterio, la equidad exige acelerar la reforma porque la ley vigente favorece a quienes más ingresos tienen. Los pensionados de ese régimen pagan entre un 8,75 % y un 16 %, en forma escalonada, hasta ¢3,9 millones, pero en el sistema hay pensiones de ¢12 millones.
Nunca hubo un motivo válido para privilegiar a funcionarios por encima de los trabajadores del sector privado y a costa de ellos. En general, el empleo público no exige más esfuerzo ni plantea riesgos superiores. Además, los cargos estatales más sacrificados y peor pagados, como la función policial, están excluidos de los privilegios repartidos en otros sectores.
Las diferencias obedecen a la fuerza, no a la razón. No se trata de negar méritos a los empleados estatales en general, sino de reconocer que en otros ámbitos del empleo público y del sector privado hay trabajadores cuya contribución al desarrollo y bienestar social es igual o superior. Admitida esa realidad, no hay cómo justificar las diferencias, sobre todo si se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado.
Por eso, el primer acierto de la iniciativa es su título: Reforma para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones. Durante demasiado tiempo, los grupos beneficiados lograron impedir las reformas, pero llegó el momento de hacerlas de la mano de una nueva conciencia nacional sobre los límites de la economía y la injusticia de los privilegios disfrutados por pocos a costa de todos.
Si el plenario legislativo aprueba la ley, y ojalá lo haga pronto, el ahorro sería de ¢115.000 millones a lo largo de nueve años, según cálculos de la Dirección Nacional de Pensiones. Mucho se podría hacer con ese dinero proveniente de la disminución de una brecha odiosa y discriminatoria.
