EscucharEl Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) celebró el decreto que le autoriza a comprar energía a los generadores privados cuyos contratos expiraron. La enhorabuena de la institución se explica por dos razones incorporadas al comunicado oficial: por una parte, la medida permitirá afrontar las necesidades energéticas del verano con fuentes limpias y autóctonas. Por otra, las tarifas de las compras previstas mejoran el precio de las fuentes térmicas.
Las dos afirmaciones son ciertas, pero por sí solas implican nuevas limitaciones a la generación privada por encima de las existentes. ¿Se trata únicamente de enfrentar las exigencias del verano a precios mejores que los ofrecidos por la fuente más cara y contaminante?
Eso parece temer Mario Alvarado Mora, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (Acope), cuando afirma: “El verano es un período desafiante para nuestro sistema eléctrico, y apreciamos el interés de las autoridades para contar con la contribución del sector privado, pero no se debe desperdiciar ningún kilovatio hora renovable, en ninguna época del año. Por eso es importante habilitar, a la brevedad posible, las opciones de colocar electricidad con las distribuidoras eléctricas o en el mercado regional”.
Los nuevos contratos deben permitir a los generadores producir todo el año tan barato como sea posible, no solo para mejorar el precio de la generación térmica, sino también de cualquier otra. Las plantas de empresas cuyos contratos expiraron ya están amortizadas y el país no debe desperdiciar esa ventaja financiera. Además, todas, sin excepción, producen energía limpia.
No deben ser generadoras de verano ni competidoras de la generación térmica. Las tarifas favorables deben transformarse en ventaja competitiva para los agentes económicos nacionales y alivio para los bolsillos de los consumidores. La plena competitividad de los generadores privados depende de una producción estable, sin interrupciones antojadizas a lo largo del año.
El decreto es una estupenda noticia, pero solo los nuevos contratos permitirán precisar sus alcances. La Ley 7200 solo autoriza a los generadores privados a vender electricidad al ICE, cuyo control sobre los contratos de compra es pleno, como quedó demostrado a partir del 2020, con la decisión de no renovarlos y condenar a las plantas privadas al cierre, no obstante sus precios y el cumplimiento de todas las exigencias técnicas.
El decreto contiene una disposición apta para facilitar la integración de los generadores privados y es la posibilidad de exportar energía a Centroamérica. El mercado eléctrico regional es una salida para los excedentes locales mientras crece la demanda por la electrificación de actividades actualmente movidas por hidrocarburos.
El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, apunta en esa dirección cuando define las intenciones del decreto. La normativa, dice, pretende brindar mayor seguridad y confianza al inversionista privado. También procura dinamizar la economía en las zonas donde se ubican las plantas generadoras apagadas.
Ambos objetivos dependen de la estabilidad de las operaciones, especialmente después de la desconfianza creada por la facilidad con que el ICE dio la espalda a las cuantiosas inversiones hechas a lo largo de los años. Las nueve plantas cerradas desde la decisión del 2020 están valoradas en $47 millones y tienen 60 megavatios de potencia de generación instalada. Hay otras cinco plantas expuestas a correr la misma suerte entre este año y el 2025. El desperdicio es incomprensible. En buena hora se le ponga fin.
