La Caja Costarricense de Seguro Social pagó $14,3 millones para remitirle pacientes, a lo largo de nueve años, al único servicio privado de radioterapia existente en el país. Con esa suma, pudo haber comprado tres aceleradores lineales para brindar el servicio en sus propias instalaciones y le habrían sobrado un par de millones de dólares. Cuando por fin hizo la inversión, eliminó, de paso, conflictos de intereses de radioterapeutas autorizados para referir pacientes al servicio privado donde ellos mismos los atendían por cuenta de la Caja.
Los mismos funcionarios eran, al parecer, mucho más eficientes en la actividad privada. En el 2008, por ejemplo, los dos equipos de la institución atendieron al 37 % de los irradiados. Al mismo tiempo, el servicio privado utilizó un solo acelerador lineal para tratar al 67 % restante. La situación era inaceptable, al punto que desembocó en la intervención del Servicio de Radioterapia del Hospital México y un ultimátum a seis técnicos para obligarlos a escoger entre sus dos patronos.
A la vuelta de unos pocos años, la institución anuncia el regreso a la contratación de servicios privados porque sus equipos no dan abasto. Los cuatro aceleradores lineales del Hospital México trabajan tres turnos, 24 horas al día, con descanso los domingos y en unas pocas jornadas designadas a lo largo del mes. Aun así, no logran dar tratamiento oportuno a todos los pacientes y entre los especialistas hay temor a desperfectos causados por la intensidad de la operación. La interrupción prolongada del funcionamiento de alguno de esos equipos sería una verdadera tragedia.
Dada su población, el país debería tener entre 10 y 15 aceleradores lineales para cumplir los estándares internacionales. La Caja siempre lo supo y no debe haber olvidado la experiencia de años anteriores, cuando los recursos se canalizaron a la contratación privada en lugar de la compra de equipos. La situación actual solo puede ser explicada como un grave retroceso producto de la falta de planificación.
A eso la atribuyen los especialistas, quienes acudieron al Colegio de Médicos para hacer la denuncia. Desde el 2013, los operadores del servicio en la Caja advierten la necesidad de reemplazar los equipos y aumentar su número. Gonzalo Vargas Chacón, oncólogo y coordinador del Consejo Nacional de Excelencia Tecnológica y Médica en Manejo de Enfermedades Crónicas y Cáncer, está entre quienes se quejan de la falta de planificación.
Mucho antes de jubilarse, el Dr. Vargas atestiguó la promesa de un centro de radioterapia encargado de dar servicio al Hospital Geriátrico, el de Niños y el San Juan de Dios. “Llevo cuatro años de jubilado y apenas está en proyecto una obra para la cual se había destinado fondos del extinto Instituto Costarricense Contra el Cáncer. ¿Qué se hizo la plata? ¿Dónde quedaron los planos? ¡No sé!”, dijo el médico, con evidente frustración.
El tratamiento del cáncer no puede postergarse sin correr riesgos evidentes. En setiembre y octubre, algunos aceleradores quedaron fuera de servicio durante breves lapsos. Pese a la rapidez de las reparaciones, hubo atrasos en la atención de decenas de pacientes, con graves peligros para su salud. Si no hay más remedio, la Caja debe contratar radioterapia privada, pero no debió llegar a ese punto, especialmente en vista de la experiencia institucional.
Es indispensable fiscalizar con esmero la prestación del servicio e impedir los conflictos de intereses identificados en el pasado, pero, sobre todo, es necesario retomar el camino conducente a la autonomía de la institución en esta materia. La contratación de servicios privados puede justificarse cuando el costo es menor y la calidad mayor. No debe ser un recurso para atender situaciones límite, causadas por la falta de planificación.