EscucharEntre los siete asesores del regulador general, solo hay uno con un salario ligeramente inferior al de los cuatro ministros mejor pagados del gabinete. Otros 17 ministros ganan mucho menos. El sueldo del asesor peor pagado en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) es de ¢3.000.500 y la ministra mejor pagada gana ¢3.343.198, muy por debajo de los ¢3.678.500 devengados por otros seis asesores del regulador.
Entre las responsabilidades de un ministro y las de un asesor en la Aresep hay una distancia obvia. Michael Soto recibe ¢3.125.530 por encabezar una de las dependencias más complejas por número de empleados, costo y naturaleza de sus funciones. A su cargo está la protección de fronteras y mares tanto como la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Es una labor llena de riesgos y responsabilidades.
Elian Villegas, con su salario de ¢1.764.490, administra la deuda pública y la recaudación tributaria. Sobre sus hombros pesan delicadas negociaciones internas e internacionales de las cuales dependen la estabilidad y el bienestar económicos del país. Un error u omisión podrían desencadenar sobre él responsabilidades y sanciones ya sufridas por antecesores en el cargo.
Rodolfo Solano obtiene mejor remuneración (¢2.334.317) por conducir las relaciones internacionales del país en una de las dependencias más especializadas de la Administración Pública, tanto así que existe una escuela dedicada a proveerle canteras para el reclutamiento de personal. Sus esfuerzos son recompensados con dos tercios del salario devengado por seis asesores del regulador general.
El jueves, una publicación de este diario comparó los salarios de la cúpula de la Aresep con los del gabinete. La conclusión es sorprendente: una docena de funcionarios de la Autoridad Reguladora, incluidos siete con cargos descritos simplemente como “asesor del regulador general”, cuestan más al Estado que el gabinete en pleno del presidente Carlos Alvarado, compuesto por 21 ministros asalariados y 3 que no cobran sueldo por estar pensionados.
La publicación no pretende singularizar a la Aresep o sus funcionarios, sino resaltar los contrasentidos de nuestro empleo público y la necesidad de reformarlo. Hay muchas otras comparaciones posibles. Ese es el problema. No solo sorprenden los contrastes entre instituciones, en este caso el cuerpo colegiado de más alto rango en el Poder Ejecutivo y la entidad técnica encargada de regular los servicios públicos, sino también las diferencias en el interior de las instituciones.
Un ejercicio de esa naturaleza encontró, hace dos años, en el Instituto Costarricense de Turismo, a 53 empleados —la quinta parte de la planilla— con remuneraciones superiores a la de la presidencia ejecutiva. En algún caso, el subalterno ganaba más del doble. Buena parte del ICT tiene ingresos superiores a los de los integrantes del gabinete.
En la mayoría de los casos, las distorsiones obedecen a los beneficios salariales que según criterio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han tornado al empleo público en un factor “demasiado complejo, poco claro y sumamente difícil de controlar”. En el caso del ICT, el salario base de un jefe de departamento era de ¢958.000 a la fecha de nuestra publicación, pero, en realidad, recibía ¢4,1 millones por efecto de los pluses salariales.
Los casos se repiten a lo largo y ancho de la Administración Pública porque el sistema parece diseñado para producirlos. Llegó el momento de poner orden, no solo para dar sentido y escala a la función pública, sino, también, para hacerla costeable.
