La democracia es un sistema político que se asienta en el respeto de la voluntad popular expresada mediante elecciones libres, periódicas y competitivas. Se enmarca en el imperio de la ley, la igualdad de todos frente a ella, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la búsqueda del bienestar. Se manifiesta mediante el desempeño de poderes estatales legítimos e independientes. Depende, para su permanencia y mejoramiento, de la acción de muchas otras instancias, públicas y privadas, que se expresan e interactúan mediante la discusión y la búsqueda de acuerdos, en un marco de respeto y tolerancia. El ex primer ministro británico Winston Churchill la llamó “el peor” de los modelos, “salvo todos los demás”, no solo para resaltar su superioridad relativa, sino, también, su condición perfectible.
En el mejor de los casos, la democracia es también una cultura y una vivencia. Moldea las identidades colectivas, incide en la vida cotidiana, alimenta sus dimensiones políticas e institucionales y genera ímpetus de mejora y creatividad para afrontar desafíos de diversa índole. Este es el caso de Costa Rica, y debemos felicitarnos por ello.
El encuentro celebrado el jueves 14 de junio entre el presidente, Carlos Alvarado, y siete de sus predecesores (uno por vía virtual) de tres partidos políticos, lo atestigua con poderoso simbolismo. Refleja que dentro de nuestras grandes diferencias es posible buscar factores de unidad en bien del país; es una actitud que permea en diversos ámbitos. Pero la actividad fue más allá porque los compromisos adquiridos en ella abren mayores posibilidades de avanzar hacia la concertación de importantes acuerdos, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, que permitan enfrentar problemas particularmente agudos y avanzar en la generación de mayores oportunidades.
Desde el primer párrafo, su declaración final se compromete con “privilegiar el diálogo constructivo para desarrollar soluciones conjuntas” ante los desafíos, y con la generación de “oportunidades para todos”. A partir de aquí, el actual y los siete exmandatarios insisten en la gravedad del problema fiscal y la necesidad de abordarlo tanto desde el lado de los gastos como de los ingresos, sin perder de vista la lucha contra la evasión. “El fortalecimiento y la consolidación fiscal no admiten postergación”, añaden, como parte de un llamado para que se discuta y apruebe el proyecto de reforma fiscal actualmente en conocimiento de los diputados. No olvidan la necesidad de estimular el crecimiento económico —que pasa en estos momentos por un inquietante período de desaceleración— mediante un conjunto de medidas que incluyen inversión en infraestructura, mejor educación pública y eficiencia del Estado.
El texto destaca, además, la importancia de un desarrollo integral, que aumente el bienestar, reduzca la pobreza y disminuya la desigualdad. Sobre política exterior, reitera tanto el deber de proteger nuestra soberanía y mantener nuestro prestigio, como, también, continuar los esfuerzos en pro de “la paz, el desarme, la democracia, el ambiente y los derechos humanos”.
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No estamos, por supuesto, ante un plan detallado de acción política, sino ante un conjunto de aspiraciones generales. Tienen la virtud de mostrar una ruta de convergencia, asentada en nuestra robusta cultura democrática, que debería servir de inspiración y acicate para los responsables de las decisiones que siguen. Nos referimos, en primer lugar, al Poder Ejecutivo, los diputados y los partidos que estos representan. Pero la responsabilidad se extiende a todos los actores sociales organizados y al conjunto de los ciudadanos.
En las circunstancias actuales, los bloqueos de las decisiones no se valen. Todos debemos poner cuotas de sacrificio, de iniciativas y esfuerzo para luego ser capaces de disfrutar beneficios individuales y colectivos. Tal disposición es también parte de una democracia que, en nuestro caso, no es solo sistema político, sino práctica de vida. Pero su mantenimiento requiere de compromiso y abono constantes.