9 abril

El país estuvo al borde del abismo y solo la acción concertada del gobierno y los diputados evitó la caída. El Ejecutivo tuvo la valentía de mantenerse firme en defensa del interés nacional. Gastó capital político y enfrentó una huelga de crueldad sin precedentes en las últimas décadas. El Congreso, en especial la oposición —con un puñado de excepciones—, se negó a aprovechar la oportunidad de anotar fáciles puntos políticos a expensas del bienestar generalizado.

Un clima de responsabilidad y patriotismo impulsó la aprobación de la reforma fiscal y el nuevo reglamento legislativo. Otros proyectos de capital importancia avanzan en las comisiones. El presidente, Carlos Alvarado, llamó a miembros de los principales partidos a integrar el gabinete y el Congreso eligió un Directorio multipartidista. Había razones para creer en el advenimiento de una nueva forma de hacer política, divorciada del oportunismo y la mezquindad.

El Partido Acción Ciudadana demostró, durante el gobierno de Laura Chinchilla, hasta dónde el interés nacional puede quedar rezagado en aras de objetivos electorales cortoplacistas: no a la reforma fiscal obstaculizada por un presidente del Congreso quien a la vuelta de pocos años abogó por ella desde el Ministerio de Comunicación. No a la carretera San José-San Ramón, todavía lejos de concretarse, probablemente a un costo mayor. No al contrato con la empresa china encargada de ampliar la ruta 32, cuya aprobación se convirtió en prioridad apenas el PAC llegó al poder.

Los ejemplos son muchos. El PAC aprendió rápido el guion de la vieja política, pero los maestros de la oposición irreductible e irresponsable brillaron por décadas en Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana. Por eso, se hizo imposible reformar el reglamento legislativo, para citar un ejemplo. Las posiciones de los dos grandes protagonistas del bipartidismo se invertían según soplara el viento en cada ciclo electoral. Si el PLN estaba a las puertas de gobernar, sus diputados se convertían en elocuentes defensores de la reforma. Si no, abogaban por preservar el instrumental obstruccionista como si se tratara de un elemento fundamental del sistema democrático. El PUSC hacía lo mismo según vislumbrara cuatro años en la cumbre o en el llano.

El país sigue al borde del abismo. No cayó, pero tampoco se mueve en dirección contraria. Hay mucho por hacer. Décadas de abuso de las finanzas públicas nos trajeron hasta este punto. La rectificación exige buena fe de los actores políticos y voluntad de encontrar coincidencias, pero ya asoman los nubarrones de la política tradicional.

Durante la elección de su candidato a la presidencia legislativa, un grupo de diputados liberacionistas, encabezados por el alajuelense Roberto Thompson, defendieron la idea de un Directorio compartido, con exclusión de la fracción gobiernista. Exigieron un Directorio de oposición sin explicar al país cuáles conductas recientes los avergüenzan y mucho menos la agenda de una alianza apenas existente en su imaginación, salvo la hipótesis de una callada negociación con otras fuerzas. El PUSC olfateó una oportunidad y se lanzó a explorar una fórmula propia, también reacia a dar participación a los oficialistas y curiosamente cercana a las filas del sector disidente de Restauración Nacional. Sin el PAC, los liberacionistas podrían perder la oportunidad de presidir el Congreso, pero eso no parece importar a la facción de Thompson o, tal vez, ese sea su objetivo.

Por lo pronto, la gestión no tuvo éxito dentro de las filas liberacionistas. La elección del jefe de fracción, Carlos Ricardo Benavides, para la candidatura a la presidencia del Congreso se hizo sin condiciones. Poco después, el Directorio Político del partido dio su “apoyo irrestricto” a Benavides y a la conformación de un gobierno legislativo multipartidista, pero la inquietud por la supervivencia de los nuevos paradigmas quedó sembrada.

Hay en Liberación Nacional un sector convencido de que distinguirse como opositor, a la vieja usanza, rinde frutos electorales imposibles de obtener por la vía de la acción política responsable. Es una mala lectura del momento político y de la situación de su partido. Más que diferenciarse del gobierno, los liberacionistas deben preocuparse por marcar distancia de los vicios de su pasado. A ellos deben el deterioro electoral que ni siquiera les permitió entrar a la segunda ronda, derrotados por un partido cuyo primer gobierno no presagiaba una segunda oportunidad. Ni el mal gobierno de Luis Guillermo Solís ni la férrea oposición liberacionista a lo largo de su mandato, rindieron frutos en el 2018. Quizá sea tiempo de probar una vía diferente y, hasta hace poco, refrescante.