En las últimas décadas, la corrupción ha erosionado la confianza en las instituciones públicas y esa es una de las razones de fondo de la crisis política nacional, la atrofia de los mecanismos de toma de decisiones, la deslegitimación de los partidos, la atomización del poder y el alejamiento de los ciudadanos.
La noticia del operativo de este lunes, 14 de junio, para detener a 19 funcionarios y 13 particulares por supuestas irregularidades en la contratación de obras de conservación y mantenimiento vial, con pérdidas de ¢78.000 millones entre el 2018 y el primer semestre del 2020, es un nuevo golpe a la institucionalidad.
Ese daño moral debe ser considerado a la hora de perseguir y castigar los delitos denunciados y, sobre todo, debe ser un acicate para la rápida tramitación de los procesos. La justicia pronta y cumplida es un derecho del imputado y, también, de la sociedad. La corrupción en la trocha o el caso del cemento chino tuvieron consecuencias devastadoras en la confianza de los ciudadanos, pero el paso de los años sin establecer responsabilidades magnifica el daño.
Son investigaciones complejas, no cabe duda, y la defensa de los imputados acude a todas las garantías previstas en la legislación, en ocasiones con el solo propósito de atrasar los procedimientos; sin embargo, mucho pueden hacer el Ministerio Público y los jueces para acelerar los trámites.
En el caso revelado este lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), seguramente en coordinación con el Ministerio Público, comenzó a investigar por informes recibidos desde el 2018. A estas alturas, las autoridades deben haber construido una clara narrativa de los hechos. Los 57 allanamientos, ejecutados con apego a la teoría del caso, deben haber producido prueba para sustentarla. Siguen etapas de cuidadosa apertura de la prueba, con respeto a los derechos de la defensa.
El tiempo dedicado a asegurar la observación de todas las garantías procesales es tiempo bien invertido, pero ni un minuto más. Urge informar al país el resultado de los procedimientos y el establecimiento de responsabilidades, no solo para servir a la justicia, sino también para restablecer la confianza perdida en el sistema político.
La celeridad también es necesaria para evitar el peor de los males: la impunidad. Con el paso del tiempo, los testigos desaparecen, las pruebas se contaminan y se agotan plazos vitales, como los de prescripción. Ha sucedido en demasiadas ocasiones para no advertirlo en esta oportunidad.
En los próximos días iremos conociendo más detalles. Por lo pronto, sabemos de un largo listado de delitos bajo investigación: cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica cometidos por diversos medios.
Los funcionarios, dice Walter Espinoza, director de la policía judicial, recibieron favores y sobornos constantes. Esa constancia indica una actividad delictiva planificada. Obtenían dinero, vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales «y todo aquello que ustedes puedan imaginarse».
La labor del OIJ es encomiable en este caso, en el de la banda sospechosa de narcotráfico con vínculos en la Asamblea Legislativa y el del grupo detenido en el sur del país con relaciones en el ámbito municipal. Los tres tocan la fibra institucional del país. Llevarlos a feliz término, cuanto antes, completaría el aporte de la policía judicial al saneamiento de nuestra política y nuestra sociedad.