9 mayo

La transparencia es una asignatura pendiente para el Estado costarricense. Los funcionarios se creen dueños de la información pública generada por las instituciones del Gobierno Central, pero, sobre todo, las del sector descentralizado. A lo largo y ancho del aparato gubernamental, el secretismo marcha de la mano de la corrupción y la ineficiencia.

La jurisprudencia de la Sala Constitucional apenas deja margen para la confidencialidad. El secreto de Estado en un país como el nuestro, sin ejército ni grandes cuerpos de inteligencia, tiene un ámbito muy restringido. Las empresas estatales sometidas a competencia tienen derecho a reservarse datos cuya divulgación aventajaría a otros participantes del mercado, pero nada más.

Sin embargo, el incumplimiento del deber de transparencia es una constante, sea en los bancos estatales —en alguno de los cuales lejos de publicar las actas se destruyen las grabaciones que les dan origen— o en el Instituto Costarricense de Electricidad, donde la discreción permitida por ley se estira hasta cobijar verdaderos caprichos, casi nunca inocentes. La propia presidencia de la República, durante la administración pasada, alegó razones de seguridad nacional para reservarse las listas de visitantes a las oficinas de Zapote y la Sala Constitucional debió ordenar la entrega.

La Contraloría General de la República acaba de unirse a la exigencia de publicidad y transparencia en la publicación de un estudio sobre la divulgación de actas, informes de auditoría y otros documentos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. El resultado, dice la contralora, Marta Acosta, es grave y revela la falta de compromiso con el principio de rendición de cuentas.

Si bien nuestro ordenamiento jurídico no exige específicamente la publicidad de los documentos citados, la Contraloría señala la conveniencia de cumplir con la buena práctica de dar a conocer informaciones de tanta importancia. Ese sería, además, un paso deseable hacia una cultura de transparencia mucho más amplia.

Según los datos incorporados a la memoria anual de la Contraloría, el 40 % de las instituciones examinadas incumple lo establecido por las buenas prácticas. Si el examen hubiera contemplado otros parámetros, el porcentaje de incumplimiento sería mucho más alto. Por ejemplo, un examen de la respuesta institucional ante peticiones concretas de información no contenida en actas o auditorías daría resultados alarmantes. Pocas entidades se salvarían.

Por fortuna, la Sala Constitucional ha desarrollado un rico cuerpo de jurisprudencia sobre la materia. Por desgracia, no hay consecuencias para los funcionarios condenados por retener información de manera injustificada y, cuando se les antoja, reinciden y vaya el ciudadano a defender su derecho ante los magistrados. El recurso de amparo casi siempre tiene éxito, pero el trámite atrasa la entrega de la información, contribuye a congestionar la agenda de la Sala IV y, en muchas ocasiones, desestimula al interesado.

Algunos países cuentan con leyes especiales para garantizar la entrega de la información, pero nuestro sistema es preferible pese a sus limitaciones. Si las peticiones de información fueran asuntos de legalidad, los ciudadanos enfrentarían interminables procedimientos judiciales antes de obtener los datos solicitados.

Hoy, tenemos seguridad de obtener la información a la vuelta de unos meses. Sin embargo, la ley debería contemplar sanciones para el funcionario reincidente porque no parece haber otra forma de desarrollar la cultura de transparencia, publicidad y rendición de cuentas a la cual aspiran la Constitución, la ley y el más básico sentimiento democrático.