Editorial

Editorial: Mujeres en la Sala IV

Aunque el Congreso elija a una mujer para sustituir a la magistrada Nancy Hernández, la integración de la Sala IV mantendrá una pronunciada inclinación masculina de cinco a dos

En marzo de 1990, hace 32 años, la Ley de promoción de la igualdad social de la mujer obtuvo la sanción presidencial. Nadie esperaba un giro instantáneo de las ancestrales limitaciones impuestas a las mujeres en lo político, económico, social y cultural, pero mucho se ha avanzado, sobre todo, en las discriminaciones más obvias. En ellas, es más fácil disponer y fiscalizar la erradicación de desigualdades. No hay obstáculos para constatar, por ejemplo, si las papeletas de candidatos a diputados cumplen el equilibrio ordenado por ley.

Hay, en cambio, instituciones donde el desequilibrio subsiste a simple vista. Una de ellas es la Corte Suprema de Justicia, donde 13 de los 22 magistrados son hombres y hay 2 vacantes. La primera mujer elevada a la magistratura fue elegida en 1984, apenas seis años antes de la promulgación de la ley.

El mismo desequilibrio se manifiesta en la Sala Constitucional, cuyas delicadas funciones, incluida la tutela del principio de igualdad, la separan del resto de la Corte Suprema de Justicia al punto que se debate la posibilidad de sustraerla totalmente de ese poder. Esas funciones justifican —y exigen— la activa participación de la mujer y su justa representación.

Aunque la Asamblea Legislativa, como es de esperar, elija a una mujer para sustituir a la magistrada Nancy Hernández, ahora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la integración de la Sala Constitucional mantendrá una pronunciada inclinación masculina de cinco a dos. Si, por el contrario, los diputados optan por llenar la vacante con otro hombre, la integración de seis a uno llevaría el desequilibrio a un punto culminante que, desafortunadamente, también es el tradicional.

El desafuero no tendría justificación. Sobra talento femenino para ejercer la magistratura. El Colegio de Abogados tiene una integración paritaria y las mujeres destacan en la enseñanza del derecho. También ejercen la judicatura con éxito. El prestigio de las juezas costarricenses trasciende nuestras fronteras, como sucede con la magistrada Hernández. Antes de su elección, la magistrada Elizabeth Odio Benito había destacado en la Corte Penal Internacional y en la propia Corte Interamericana.

En esta oportunidad, además, las mujeres encabezan las calificaciones otorgadas por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa luego de revisar atestados y entrevistar a los candidatos. Es una feliz coincidencia, porque despeja el camino a la decisión claramente deseable.

Las exigencias de paridad de género enfrentan, a cada paso, el contraargumento de la capacidad como cualidad decisiva. A estas alturas, quienes esgrimen esas razones deberían comenzar a extrañarse de que el talento resulte, con tan desproporcionada frecuencia, masculino. En esta oportunidad, la elección de una mujer seguramente los dejará complacidos si recae en la candidata mejor calificada. La nueva magistrada sería apenas la cuarta mujer en ocupar el cargo a lo largo de 33 años de existencia de la Sala Constitucional.

El país debe observar con detenimiento la elección próxima. Las cualidades éticas y profesionales de los candidatos requieren el más cuidadoso escrutinio. La primera revisión ya fue ejecutada por la Comisión de Nombramientos y el plenario debe ejercerlo con el mismo esmero; sin embargo, darle la espalda al desequilibrio de género no tendría justificación. En las circunstancias, pondría en duda el compromiso de los legisladores y sus partidos con la mitad de la población costarricense.

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