23 agosto

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) invirtió $16 millones en dos grúas pórticas para cargar y descargar barcos portacontenedores a sabiendas de que esas naves serían atendidas por la terminal de contenedores de Moín solo tres años después de acordada la compra, en el 2015. Nunca hubo ni la menor oportunidad de recuperar la inversion y las grúas están hoy a plena vista como monumento al desperdicio de recursos públicos en un país y una provincia con innumerables necesidades.

La institución intenta una reconversión que debió iniciarse en el 2012, cuando la necesidad de reducir la planilla y repensar el uso de sus instalaciones quedó clara tras la firma de la concesión con APM Terminals. Tan obvia era la obligación de hacer ajustes que el gobierno previó el dinero justo para indemnizar empleados. Precisamente, esos son los recursos utilizados para comprar las grúas.

La Administración Pública nos tiene acostumbrados a desperdicios absurdos y malas inversiones. Es hora de establecer las acciones necesarias para examinar lo sucedido y, si fuera el caso, exigir, cuando menos, una retribución económica, si no hubiera otro tipo de sanciones.

El gobierno de Laura Chinchilla había separado ¢15.000 millones para liquidar a 800 trabajadores cuando Japdeva comenzara a reducir sus operaciones. El dinero estuvo disponible antes del 2014, cuando Luis Guillermo Solís llegó a la presidencia con la promesa de demostrar, durante los primeros dos años, cómo se gastaban bien los recursos públicos. Una vez hecha la demostración, el mandatario se reservaba la posibilidad de pedir un aumento de impuestos.

Los aparatos, llegados al país en agosto del 2017, no pudieron operar hasta febrero del 2018. Sufrían fallas eléctricas y cuando al fin estuvieron a punto solo faltaban ocho meses para la inauguración de la terminal de contenedores. A partir de ese momento, el muelle de Japdeva perdió el 79 % de su movimiento y las grúas, especializadas en carga y descarga de contenedores, apenas sirven para el trabajo restante. Se les utiliza cuando llega un barco de carga mixta, en el cual solo una parte de los bienes transportados vienen en contenedores. Evidentemente, la inversión no será recuperada con facilidad.

Cuando salga del asombro, el país debe establecer responsabilidades. Los funcionarios tienen derecho a errar, aunque, dependiendo de las circunstancias, el error también conlleva la posibilidad de ser llamado a cuentas. En este caso, es difícil alegar error. Es imposible que las instancias encargadas de tan serias decisiones ignoraran el propósito del dinero apartado para las liquidaciones y la improcedencia de comprar las grúas cuando el negocio de mover contenedores pronto se trasladaría al megapuerto.

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La Administración Pública nos tiene acostumbrados a desperdicios absurdos y malas inversiones, pero no puede ser de otra forma si los responsables dejan el cargo sin preocupación alguna, así como lo ejercen. Es hora de establecer las acciones necesarias para examinar lo sucedido y, si fuera el caso, exigir, cuando menos, una retribución económica, si no hubiera otro tipo de sanciones. No se trata de recuperar los recursos mal gastados. Son muy cuantiosos para creerlo posible, pero sí de dar un escarmiento a quienes administran bienes públicos.

En última instancia, la Asamblea Legislativa, tan dada a crear comisiones investigadoras cuando existe la posibilidad de cosechar réditos políticos, debería emprender una investigación con miras a solicitar las sanciones correspondientes, si caben, sea inhabilitación para ejercer cargos públicos o cualquier otra. El Congreso, desde su posición de influencia, debería también instar a las autoridades a iniciar los procesos a fin de obtener resarcimiento.