4 noviembre, 2019

El legislador socialcristiano Rodolfo Peña Flores decidió enmendar la plana a Montesquieu y reemplazar la clásica separación de poderes por la supremacía legislativa. Influidos por el célebre filósofo francés, los constituyentes de las democracias modernas, incluida la nuestra, se preocuparon por la estabilidad de los magistrados en sus cargos, pero la iniciativa del diputado Peña no comparte la preocupación.

En los Estados Unidos, cuna del gobierno republicano moderno, la Constitución se pronuncia por un plazo indefinido, “mientras dure el buen comportamiento”. En la práctica, eso significa para toda la vida o hasta el retiro voluntario. Aprovechando el estrecho portillo creado por el requisito de buena conducta, el Congreso pretendió rescindir el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema en 1804, fracasó y nunca volvió a intentarlo.

Para “abrir la discusión”, los diputados no necesitan partir de cualquier ocurrencia ni puede haber un debate significativo si comienza por la caprichosa anulación de principios básicos de la vida democrática.

Nuestro constituyente de 1949 fue menos radical, pero igualmente partidario de la estabilidad. Por eso, creó la reelección automática salvo el voto en contrario de dos terceras partes del Congreso. El nuevo proyecto, admitido para estudio con el apoyo de 29 diputados de seis fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, reduce el período del nombramiento de 8 a 5 años y exige el respaldo de 38 legisladores para asegurar la reelección por un solo período. Es Montesquieu puesto de cabeza.

Los interesados en conservar el cargo deberán ganar la buena voluntad de 38 diputados y sus partidos a lo largo del primer periodo en la magistratura. La oposición de apenas 20 legisladores daría al traste con la permanencia y dejaría el cargo vacante para la componenda política, lo cual de todas formas sucedería cinco años después de la única reelección prevista.

El célebre filósofo de la Ilustración no previó la creación, en algunos países, como el nuestro, de un cuarto poder, el electoral, pero el legislador socialcristiano, quizá sin proponérselo, no incurre en la misma omisión. La Corte elige a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y si la gravitación del Congreso sobre sus decisiones es tanta, tampoco estará a salvo el garante de los comicios.

La Corte también elige al fiscal general y recibe sus informes. El Ministerio Público, donde podría perderse un expediente con tanta facilidad como se abre otro por razones políticas inconfesables, se vería igualmente comprometido por la pirueta constitucional antidemocrática.

La Nación informó de la iniciativa ayer bajo el título “Diputados fraguan golpe a independencia judicial”. Nos quedamos cortos. Visto con mayor detenimiento, el proyecto sería un golpe devastador a la democracia.

En la misma información consignamos el difícil camino de una reforma constitucional. Las posibilidades de éxito de la iniciativa son pocas, especialmente porque ninguno de los legisladores entrevistados la defendió, incluidos quienes la impulsaron con su voto. Todos la calificaron como una forma de abrir la discusión y, acto seguido, plantearon ideas no contenidas en la propuesta. Nadie celebró la ocurrencia de exigir 38 votos para la reelección luego de cinco años de servicio.

Para “abrir la discusión”, los diputados no necesitan partir de cualquier ocurrencia ni puede haber un debate significativo si comienza por la caprichosa anulación de principios básicos de la vida democrática. La duración del nombramiento y el número de reelecciones pueden ser objeto de discusión sin partir del sometimiento del Poder Judicial al Legislativo. Y los legisladores deben tomar su función tan en serio como para negar el voto a proyectos en cuya conveniencia no creen.