EscucharEl Poder Ejecutivo aplicó la cláusula de escape contenida en la regla fiscal para autorizar al Consejo Nacional de Producción (CNP) superar en ¢42.800 millones el límite impuesto por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La excepción permite superar el tope en caso de emergencia nacional declarada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), como sucede ahora a causa de la pandemia de covid-19.
Para dar permanencia a la excepción, el diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), impulsó una modificación al proyecto de ley que elimina la obligación de las escuelas de comprar alimentos al Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del CNP. La moción fue rechazada por amplia mayoría de la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.
El rechazo no sorprende, pero sí la presentación de la moción. El proyecto de ley responde, precisamente, a los excesivos precios cobrados por el CNP a los comedores escolares. Es un evidente contrasentido elevar el límite de gasto para seguir comprando productos agrícolas a precios excesivos. Los exagerados costos son trasladados, posteriormente, a las instituciones obligadas a comprar alimentos al Consejo.
Con toda seguridad, buena parte de los ¢42.800 millones de gasto autorizado sobre el límite de la regla fiscal se destinaron a financiar sobreprecios. Al gobierno no debería caberle duda. Los excesos del CNP están bien documentados por la Contraloría General de la República, la academia, las juntas de educación y la empresa privada.
En el 2019, la Contraloría constató que el precio del 60 % de los productos distribuidos por el Consejo en las escuelas supera el máximo cobrado por el comercio. «La Nación» informó, en las últimas semanas, sobre excesos fáciles de constatar en productos como huevos y frijoles.
Todos los miembros de la juntas de educación entrevistados para un reciente estudio de la Universidad Nacional (UNA) confirmaron la vigencia de las conclusiones de la Contraloría. Las juntas también han elevado protestas por la baja calidad de los alimentos.
El estudio de la UNA reveló la venta de frijoles a las escuelas al doble de lo pagado a los productores. El resto del dinero financia la intermediación de asociaciones y el propio CNP. El agricultor vende el quintal a ¢32.600 y el CNP lo coloca en las escuelas por ¢64.000. La misma investigación señala la probable inclusión de grandes cantidades de frijoles importados de Estados Unidos y Nicaragua en la oferta del CNP.
La Cámara Nacional de Avicultores (Canavi) denunció el pago de un «sobreprecio elevadísimo» por los huevos. El CNP cancela ¢1.950 por kilo, cuando se puede conseguir por ¢700 en los supermercados. Los avicultores afirman que las sumas pagadas por el CNP no guardan relación alguna con los verdaderos costos de producción.
La defensa del CNP la asumió su presidente ejecutivo, Ángel Jiménez. Los funcionarios de la institución no dan entrevistas para responder a los cuestionamientos, pero no pueden dejar de atender una convocatoria de la comisión legislativa. Jiménez compareció ante los diputados con un estudio del Ministerio de Educación Pública (MEP) bajo el brazo para justificar los precios, pero el MEP negó la existencia del estudio. Los datos no pasaban de ser un análisis exploratorio en preparación para una reunión.
Nada falta agregar para saber el destino de los fondos gastados por encima de los límites de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a costa de la disciplina fiscal. La cláusula de escape existe para hacer frente a emergencias; sin embargo, la urgencia de poner a las escuelas a pagar sobreprecios, quizá hasta por productos importados, es un misterio insondable.
