24 marzo

La patética respuesta de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) a nuestra información titulada “PUSC y Nueva República intentan limitar dinero para emergencia del covid-19” se agota en acusaciones y queda muy corta en explicaciones. Una y otra vez, los diputados nos acusan de mentir, decir medias verdades, falsedades, subjetividades y cometer otras faltas contra los principios de nuestra profesión, pero pasan por alto toda referencia a sus actitudes en la sesión del sábado, cuando estaba por discutirse el importante préstamo de la Corporación Andina de Fomento (CAF), ahora destinado a enfrentar las consecuencias de la pandemia.

La respuesta del PUSC no explica por qué sus diputados —y el aliado— hicieron uso de la palabra si la noche anterior los jefes de fracción habían acordado votar sin hablar, en virtud de las extraordinarias circunstancias y la urgencia de las decisiones.

Nosotros lo diremos una sola vez: la respuesta del PUSC, con la salvedad de un par de medias verdades, es falsa y procura tender una cortina de humo sobre las maniobras politiqueras intentadas en un momento de suma gravedad para el país. Ahora, vamos a los hechos.

El primero y más obvio es el texto de la moción promovida por el PUSC y Nueva República: “Se autoriza al Ministerio de Hacienda a financiar exclusivamente programas de atención general de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 de conformidad con las medidas definidas por el Poder Ejecutivo, hasta por un monto del cuarenta por ciento (40%) del empréstito total…”. Eso, en castellano, significa “PUSC y Nueva República intentan limitar dinero para emergencia del covid-19”… en un 40 %.

El segundo son las intervenciones en el plenario de los diputados Pedro Muñoz, Rodolfo Peña y su aliado fabricista Jonathan Prendas. Entre los tres, pusieron en peligro la votación del empréstito haciendo uso de la palabra cuando se sometió a examen el proyecto de regulación de los datáfonos. Luego, seguiría el segundo debate de la ley de flexibilización de la jornada laboral y, finalmente, la aprobación del empréstito de la CAF, pero a las 12:30 la sesión sería levantada.

Para asegurarse de votar el préstamo, diputados de Liberación Nacional, Restauración Nacional, Acción Ciudadana, Frente Amplio, Integración Nacional, la independiente Zoila Volio y, en este caso, la fabricista Carmen Chan plantearon, a eso de las 11:30, una moción para prolongar la sesión. Ningún socialcristiano la firmó.

La respuesta del PUSC no explica por qué sus diputados —y el aliado— hicieron uso de la palabra si la noche anterior los jefes de fracción habían acordado votar sin hablar, en virtud de las extraordinarias circunstancias y la urgencia de las decisiones. Cuando el presidente del Congreso les dio la palabra, dijo no poder hacer otra cosa a tenor de la ley, pero les recordó el acuerdo de la noche previa. Ignoraron el recordatorio y Muñoz, más bien, utilizó el tiempo cedido por otro legislador, luego de agotar el propio.

La respuesta del PUSC a nuestra información no explica por qué a Muñoz, en momentos tan graves para el país, se le hizo imperioso tronar contra la actuación del gobiernista Welmer Ramos cuando fungió como ministro de Economía en la administración Solís. La “impostergable” denuncia —formulada en el marco de la emergencia nacional, no obstante el acuerdo de abstenerse de usar la palabra— consistió en increpar a Ramos por la anulación, hace tres o cuatro años, de la multa impuesta a una empresa por la autoridad reguladora de la competencia.

Rodolfo Peña hizo mejor relación de su discurso con los temas del momento. Sus primeras palabras fueron: “Efectivamente, esta moción fue presentada porque para muchos compañeros es importante haber puesto un límite a la aprobación de este crédito porque consideramos que es prudente que mucho de este dinero fuera a pago de deuda y una parte por la crisis que estamos viviendo”. En otras palabras, “PUSC y Nueva República intentan limitar dinero para emergencia del covid-19”.

Cuando Peña tomó la palabra, ya se había aprobado la moción para extender la sesión y también se había votado el proyecto de flexibilidad laboral. Era evidente que el préstamo se aprobaría. Entonces, anunció el retiro de la moción y la voluntad de sumarse a un acuerdo para votar el crédito. Acto seguido, Jonathan Prendas se pronunció en el mismo sentido, pero era demasiado tarde. La moción para limitar los recursos fue sometida a votación y ni siquiera sus proponentes la apoyaron. Luego, el préstamo fue aprobado con un solo voto en contra.

El acuerdo existía desde la noche previa. Todas las fracciones lo respetaron, menos el PUSC y Nueva República. Ahora, los socialcristianos dicen haber “promovido” y apoyado la moción triunfadora y atribuyen esa posición a la inclusión de la prohibición del traslado de los recursos o su uso en un fideicomiso, además de la obligación de informar quincenalmente a la Contraloría General de la República sobre la ejecución del dinero y la sumisión del gasto a control y autorización de esa entidad.

Si el PUSC pretendía establecer controles, ¿por qué no lo planteó directamente desde el principio? ¿Quién en su sano juicio se opondría a la fiscalización de sumas tan cuantiosas? ¿Cuál es la relación entre limitar los recursos para atender la emergencia al 40 % del préstamo y los controles incorporados a la moción definitiva? ¿Por qué insistió Peña en la original intención de poner un límite al dinero destinado a atender la crisis? ¿Era ese el propósito o más bien se quería la incorporación de salvaguardas por la sinuosa vía de proponer la limitación de los recursos y poner en peligro la votación misma del proyecto que, ya en el momento del discurso de Muñoz, tenía incorporados los controles? ¿Por qué dice Peña estar disconforme con las salvaguardas si ese era el verdadero objetivo de su partido y de su moción?

En efecto, los diputados Muñoz y Abarca negaron haberse visto influidos por una publicación del Diario Extra que planteaba la posibilidad de que recursos de préstamos fueran utilizados para financiar la malograda UPAD. Esa negativa se incorporó a nuestra información, sin atribuirla a los dos legisladores, como tampoco se citó el nombre de muchos otros diputados que confirmaron haber sido confrontados con la información periodística para persuadirlos de reconsiderar los acuerdos de la noche del viernes.

Únicamente, Nielsen Pérez y Rodolfo Peña se refirieron abiertamente al asunto. Pérez atribuyó a las publicaciones haber creado “crispación, reacción y malestar”. Peña, por su parte, afirmó: “Hoy vimos la noticia de cómo quiere invertir estos dineros este gobierno, pidiendo banderas para algunas instituciones, cuando hay familias que no comen, que no tienen cómo pagar la luz y el agua”. Si el portaestandarte del PUSC manifestó preocupación por la supuesta inversión de $500 millones en banderas de la diversidad y otros absurdos, ¿cómo dudar de más de media docena de legisladores de varios partidos que dicen haber sido confrontados, también, con la noticia sobre la UPAD?

Son argumentos ridículos y las razones para no reconocer su utilización saltan a la vista, así como los motivos para retirar, en el último momento, la moción del 40 % y adherirse a la que inevitablemente se aprobaría. Negar recursos a la emergencia nacional es tan inadmisible como gastarlos ineficazmente. A todos nos corresponde vigilar, junto con la Contraloría, el buen uso del dinero y denunciar vigorosamente al gobierno si hace lo contrario. Eso no tendría perdón.