Decir que son tiempos extraordinarios es una perogrullada, pero hablar de un 9,7 % de déficit fiscal como el mejor escenario este año es dibujar las dimensiones de una crisis inédita, causada por la pérdida de ¢1,2 billones en ingresos y por las nuevas exigencias de la pandemia desatada por el coronavirus.
La posibilidad de caer en default, es decir, en impago de la deuda, no es inconcebible si las autoridades económicas no actúan con celeridad, sobre todo en vista de la oleada de vencimiento de títulos el próximo año. Las consecuencias de un traspié pesarían por largo tiempo sobre las finanzas públicas y las posibilidades de reactivación económica.
Por eso, cuatro exministros de Hacienda coinciden en la necesidad de tomar medidas drásticas para enfrentar la situación. Rocío Aguilar, Rodrigo Chaves y Jorge Walter Bolaños recomiendan recortar remuneraciones y reducir la planilla estatal. Fernando Herrero se les suma para pedir la limitación de las transferencias corrientes, y todos coinciden en la necesidad de revisar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Con algunas diferencias, los exministros se pronuncian por elevar impuestos, eliminar exenciones, combatir la evasión y contraer nuevas deudas, pero el énfasis de la mayoría está en revisar las partidas más grandes e inflexibles del presupuesto: remuneraciones (¢2,6 billones) y transferencias corrientes (¢2 billones). Entre las dos representan la mayor parte de los compromisos del Estado si restamos al presupuesto total de ¢10,5 billones el servicio de la deuda.
No obstante el peso de esos dos rubros, nadie los toca desde hace años. Son una carga permanente e inmutable sobre los hombros de los contribuyentes y de la economía nacional. Por eso, cuando se habla de reforma del Estado, como en esta ocasión lo hace la exministra Rocío Aguilar, se piensa, casi de inmediato, en esos dos renglones del gasto.
“Dijimos que el plan fiscal no era suficiente. Que era necesario entrarles a las remuneraciones y al rediseño institucional. Aquí la visión no es tener un Estado más pequeño, es ver cómo hacemos un Estado más eficiente y seguirles prestando mejores servicios a los ciudadanos”, insistió la exministra.
Ese es el problema de fondo. Se hace evidente desde hace tiempo, pero la pandemia vierte sobre él la luz de la urgencia. El país enfrenta una emergencia sin precedentes cuyos efectos son mayores porque sufre el nuevo embate debilitado por años de hipertrofia del aparato estatal y excesos en las remuneraciones.
Financiar la subsistencia de esos errores con más endeudamiento solo es útil en el momento. La talla de las deficiencias ya no permite seguir “ganando tiempo”. Si posponemos la solución, el problema volverá a alcanzarnos, cada vez más severamente. Para salir del aprieto, coinciden los exministros, debemos endeudarnos más y hacer recortes inmediatos, quizá como los propuestos por el Ministerio de Hacienda esta semana, incluida la reducción de jornadas en el sector público, como se hizo en la empresa privada.
Sin embargo, la reacción inmediata no debe distraer la vista de las soluciones permanentes. El Estado no puede seguir siendo como es, y a la reforma tantas veces pregonada le llegó el momento. Es inevitable revisar la frondosidad institucional para podarla donde haga falta y, también, examinar la red de privilegios repartidos entre beneficiarios públicos y privados. La modernización incluye revisar los medios a disposición del Ministerio de Hacienda para administrar la recaudación y reflexionar sobre las exenciones vigentes, para saber si se justifican. Una verdadera reforma se extenderá por muchos ámbitos. Por eso, es preciso acometerla cuanto antes.