El 13 de este mes la Asamblea General de las Naciones Unidas sustituyó 15 Estados en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) por igual número de miembros. Su período se extenderá desde enero del 2021 hasta diciembre del 2023. Tendrán como principales mandatos considerar violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo y formular denuncias y recomendaciones al respecto, sea de forma directa o mediante sus órganos auxiliares.
El acontecimiento fue rutinario en dos sentidos. Uno, que podemos llamar neutro, es que la elección se produce cada año para renovar un tercio de los 47 integrantes. Así, lo dispuso la ONU desde que, mediante una resolución aprobada en el 2006, sustituyó la desgastada Comisión de Derechos Humanos por un Consejo elegido directamente por la totalidad de los Estados miembros, que actualmente son 193.
La otra faceta de la rutina, altamente negativa y perversa, es que, como siempre ocurre, una parte de los nuevos integrantes son países dictatoriales o claramente autoritarios, en este caso China, Cuba, Rusia y algunos otros que, sin poder ser llamados dictaduras, están muy lejos de las mejores prácticas en la materia. La única buena noticia, en este sentido, es que Arabia Saudita no alcanzó el número de votos requeridos.
¿Por qué esta distorsión sistemática de la integración del CDH, del que también forman parte en la actualidad países como Baréin, Catar y Venezuela? Hay dos explicaciones, que por ningún motivo debemos considerar justificaciones. Por un lado, en varias zonas del mundo son pocos los países realmente democráticos, y como los miembros se eligen por grupos regionales (África, América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa occidental y otros Estados, y Europa oriental) la disponibilidad de candidatos que reúnan condiciones plenas no siempre es adecuada. La otra, consecuencia del sistema de elección por áreas geográficas, es que muchas veces cada grupo regional presenta apenas tantas candidaturas como puestos disponibles haya en un año, lo cual garantiza el éxito de los propuestos.
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Esta vez, por ejemplo, se elegían tres de los ocho lugares que corresponden a América Latina y el Caribe y hubo igual número de candidatos: Bolivia, Cuba y México. Lo mismo sucedió con el resto de las regiones, salvo Asia-Pacífico: cinco postulados para cuatro sillas, lo cual explica en gran medida el fracaso de Arabia Saudita.
Esperar a que haya más países democráticos y respetuosos de la dignidad humana para que, por una suerte de lento “goteo” mejore la composición del CDH, no es la vía para una posible solución. De hecho, la tendencia actual apunta hacia un mayor debilitamiento de la democracia. Lo que sí podría tener un impacto positivo sustancial es que los países con atestados robustos en derechos humanos tengan actitudes más proactivas en la presentación de sus candidaturas. De este modo se podría, por lo menos, forzar a todos los grupos regionales para que exista competencia por los puestos asignados, en lugar de candidaturas entre las que no puede escoger la Asamblea.
El año pasado nuestro país decidió romper la lista cerrada de la región, en la cual estaba Venezuela, precisamente para evitar la elección de la nación bolivariana. Sin embargo, la decisión se tomó muy tarde, el tiempo para la campaña fue muy corto y, lamentablemente, el intento falló. De haber actuado con más previsión, es probable que hoy un delegado costarricense, no venezolano, formara parte del Consejo.
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A lo anterior deben añadirse gestiones más enérgicas aun de la sociedad civil global para revelar el récord de los candidatos, exigir que lo discutan públicamente, dar seguimiento a las acciones de los miembros y realizar campañas contra los aspirantes claramente autoritarios. Esto ya lo hacen organizaciones tan respetadas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Servicio Internacional para Derechos Humanos. Su impacto ya se ha sentido, para bien, pero falta mucho más.
En síntesis, no estamos condenados a la rutina de elegir regímenes dictatoriales o autoritarios al Consejo. Siempre habrá algunos, pero con buenas estrategias estatales y de actores no gubernamentales será posible reducir su número y hacer que el CDH cumpla más plenamente el mandato recibido en el 2006. Y quizá algún día puedan modificarse las reglas de elección a fin de obligar a la competencia en cada región.