Para un país como Guatemala, que necesita y clama por un Estado capaz de generar crecimiento y oportunidades, doblegar la corrupción, combatir la impunidad, frenar la violencia, actuar con transparencia, fomentar la confianza ciudadana, hacer que prevalezca la legalidad, fortalecer las instituciones y renovar sus cuadros políticos y administrativos anquilosados y deslegitimados, los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo son, por decir lo menos, desalentadores e inquietantes.
A la vez, no son sorprendentes; más bien, eran predecibles. Apenas semanas antes de los comicios, una turbia resolución de la Corte Constitucional descalificó, e incluso dispuso perseguir, a la exfiscala Thelma Aldana, la candidata que mejor encarnaba los ímpetus, las propuestas, los compromisos y la rectitud requeridos en Guatemala. Proclamada por el Movimiento Semilla, gran cantidad de ciudadanos habían comenzado a sumarse a su campaña y se perfilaba como una poderosa aspirante a competir en la segunda vuelta; hoy, sin embargo, vive como virtual exiliada en El Salvador. Al ser expulsada de la competencia por decisión judicial —al igual que Zury Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt—, el camino quedó despejado para el dominio de candidatos vinculados con los vicios que urge superar.
Como se preveía, la ex primera dama Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), quien se presenta como socialdemócrata, quedó a la cabeza del escrutinio, con el 25,7 % de los votos. La siguió, a buena distancia, Alejandro Giammattei, del Partido Vamos, autodefinido de centroderecha, con el 13,92 %. Ambos se enfrentarán el 11 de agosto, y uno de ellos será presidente. Esto quiere decir que, más allá de quién resulte triunfador, las posibilidades de que el nuevo gobierno guatemalteco promueva el tipo de cambios necesarios en el país son sumamente remotas.
Si Torres y Giammattei lograron encabezar las votaciones, no es tanto por un fuerte arrastre electoral, al contrario, ambos despiertan rechazos muy profundos, lo cual hace prever una segunda vuelta marcada por un altísimo abstencionismo. La razón de su avance, más bien, hay que encontrarla en la enorme dispersión de candidaturas sin adecuada tracción política y programática, y en las zancadillas judiciales que dejaron fuera a Aldana y Ríos.
Tanto Torres como Giammattei manejan insistentes discursos anticorrupción; sin embargo, ambos enfrentan sólidos cuestionamientos alrededor de sus conductas y se han manifestado opuestos a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instancia de las Naciones Unidas que, junto con la Fiscalía nacional, más ha trabajado en la investigación de casos delictivos relevantes, la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho. Ambos se han comprometido a combatir la pobreza, pero no han planteado estrategias para hacerlo, comenzando por ideas claras sobre sus eventuales iniciativas económicas y fiscales. Y sus políticas en favor de la seguridad ciudadana oscilan entre la ambigüedad y los simplismos de “mano dura”. De hecho, Giammattei ha prometido el restablecimiento de la pena de muerte.
Torres tiene la ventaja de contar con el partido mejor organizado del país, que alcanzó el mayor número de escaños (44) en un Congreso de 160 diputados divididos en 18 fracciones (algunas unipersonales). Además, tiene experiencia de gobierno, como primera dama encargada de la política social durante la presidencia de Álvaro Colom (2008-2012), aunque también fue cuestionada por su manejo. Si gana la presidencia, su pluralidad legislativa le daría más capacidad de forjar acuerdos, y su experiencia, mayor fortaleza de gestión. Ambos factores, a su vez, permitirían que, si se lo propone, pueda enfrentar con vigor y éxito a grupos inmovilistas en sectores del empresariado y de las Fuerzas Armadas, así como a la delincuencia organizada.
Sin embargo, no hay hasta ahora ningún indicio claro de intenciones renovadoras, ni de parte de Torres ni de Giammattei; cualquiera de los dos puede ganar y ninguno tiene legitimidad suficiente ante amplios sectores del electorado, en particular los más jóvenes. Todo esto ensombrece el futuro y, para nuestro pesar, impide ser optimistas sobre un proceso electoral que, por lo demás, transcurrió con normalidad.