5 diciembre

Sin objetivos claros ni posibilidad de éxito, la huelga del magisterio se ensaña con los costarricenses más necesitados. De la protesta solo queda la crueldad y la falta de compromiso de los huelguistas con su alta misión. En escuelas y colegios privados, el curso llega a su fin con normalidad. La brecha entre la enseñanza pública y la particular se ensancha y las oportunidades para los graduados de las instituciones estatales se estrechan.

Los niños necesitados de terapia física y del lenguaje, apoyo emocional y ayuda para el aprendizaje, incluida la enseñanza especial, están desamparados en el sistema de educación pública

Los desastrosos resultados de las pruebas de bachillerato demuestran el efecto del abandono de las aulas por los docentes y el déficit en la formación de las víctimas irá con ellas a los exámenes de admisión de los centros de educación superior. El vacío lo arrastrarán alumnos de todos los niveles al curso del año entrante.

El daño no es solo en la enseñanza. La nutrición de miles de niños depende de los comedores escolares. En muchos casos, esos alimentos son los principales y hasta los únicos del día. La huelga les ha arrancado la comida de la boca. Es difícil comprender cómo han sido capaces los maestros de causar ese daño a niños necesitados, cuyas circunstancias conocen perfectamente.

El castigo de la huelga sin propósito se extiende a las familias, muchas de ellas encabezadas por una mujer, trabajadora y madre. ¿Con quién dejar a los pequeños para ir a ganarse la vida? El problema es grave en barrios marginales, donde la calle es centro de reclutamiento de pandillas y riesgo constante de agresión.

En nuestras páginas de opinión del lunes, la pediatra María José Acuña Navas señaló otro aspecto del problema, poco visible para los ojos no especializados: los niños necesitados de terapia física y del lenguaje, apoyo emocional y ayuda para el aprendizaje, incluida la enseñanza especial, están desamparados en el sistema de educación pública. Las familias con recursos pueden agenciarse la continuidad de esos servicios sin mayor esfuerzo, pero los más necesitados los obtienen, únicamente, en el sistema público de enseñanza.

La Dra. Acuña defiende, con impecable lógica, la consideración de la huelga del magisterio como un problema de salud pública. Sin duda lo es y podríamos sumar, en abono a esa tesis, el aspecto nutricional antes señalado. Como bien dice la pediatra para cerrar su artículo, “el daño ya está hecho”. Tan terrible conclusión implica el deber de no permitir la repetición de hechos tan vergonzosos y la solución está en manos de los diputados.

Los jueces de trabajo, por lo pronto, han sido por lo general esquivos cuando se les pide identificar servicios esenciales y, por el contrario, han ampliado el derecho a huelga hasta excesos que rebasan en mucho lo límites de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del sentido común. Según las tesis más extremas, incorporadas a sentencias recientes, se trata de un derecho sin regulación y, en la práctica, sin límites cuando se ejerce por razones políticas.

Tampoco hay consecuencias para los huelguistas si el movimiento llega a declararse ilícito, como acaba de suceder, por segunda vez, con la huelga de maestros. La ley laboral crea espacio para interpretar que no es posible rebajar del salario los días no trabajados antes de la declaratoria en firme de la ilegalidad de la huelga y nadie sabe cuánto puede tardar la resolución definitiva.

El Poder Judicial, donde hay varios despachos en huelga, no brinda una respuesta a la angustia de cientos de miles de costarricenses necesitados. Deben hacerlo los diputados con una reforma de la legislación laboral que llene los vacíos y aclare las ambigüedades. La sociedad no debe ser rehén de abusos como el planteado por la huelga del magisterio contra los pobres.