20 abril

Juan Guaidó ha conseguido, hasta ahora, desnudar al régimen de Nicolás Maduro para exhibir al mundo su arbitrariedad y, también, su debilidad. Es preciso decir “hasta ahora” porque una dictadura con las manos manchadas de sangre, sin escrúpulos, cuando ve la posibilidad de amañar procesos judiciales para mandar a sus opositores a la cárcel y con vastos recursos represivos, como las bandas de delincuentes organizados en “colectivos”, puede cometer un crimen en cualquier momento.

Esa circunstancia es testimonio de la valentía de Guaidó y del acorralamiento del régimen. Temeroso de un nuevo estallido interno y de la reacción internacional, Maduro no se atreve a confrontar al líder opositor como lo hizo, en otras circunstancias, con Leopoldo López y otras figuras de la oposición. Tampoco se ha animado a desencadenar contra él a sus asesinos.

La reacción relativamente comedida es más sorprendente cuando se consideran las dimensiones del reto planteado por Guaidó. Una cosa es denunciar el fraude electoral, como lo ha hecho la oposición en varias oportunidades, y otra es desconocer al mandatario fraudulentamente elegido para proclamarse presidente interino.

La falta de acciones directas contra la persona del mandatario reconocido por un creciente número de países —más de 50 a la fecha— no significa que el gobierno se abstenga de ejercer presión sobre su entorno. Los hoteles donde se hospeda son clausurados, las fuerzas represivas confiscan sus equipos de sonido y detienen a sus colaboradores.

Guaidó habla a sus seguidores desde el techo de cualquier camión, con un megáfono, pero hasta a eso le teme la dictadura. La semana pasada la Policía detuvo a un conductor y a tres técnicos de sonido. Los liberó poco después, bajo medidas cautelares y acusados de obstruir el tránsito, alterar el orden público y asociarse para delinquir. Cuando se sabe de una manifestación opositora, el gobierno despliega a los “colectivos” en las calles vecinas, motorizados y bien armados, para intimidar a la población.

La autoridad tributaria del régimen descendió sobre el hotel caraqueño desde donde Guaidó siguió el prolongado apagón eléctrico de Caracas y dirigió la respuesta de la oposición. Los demás huéspedes fueron desalojados y Diosdado Cabello, segundo líder del oficialismo y presidente de la espuria Asamblea Constituyente convocada para contrarrestar el control opositor del Parlamento, justificó la arbitrariedad por supuestas razones tributarias. Poco después, un segundo hotel, en el distante estado de Zulia, corrió la misma suerte. La “casualidad” es un elocuente desmentido para Cabello.

El contralor general de la República más corrupta del continente inhabilitó a Guaidó para el ejercicio de cargos públicos. Supuestamente, el ingeniero de apenas 35 años no declaró su patrimonio ni el origen de sus recursos en un país donde las grandes fortunas acumuladas por personajes del régimen son secreto a voces. Pero de ahí no pasa la cuestionable “legalidad” chavista. Guaidó está “inhabilitado”, pero no detenido.

El contraste no puede ser más claro con la represión desatada contra Leopoldo López, encarcelado después de un montaje judicial del cual no quedó duda cuando uno de sus perpetradores, el fiscal Franklin Nieves, tomó el camino del exilio y denunció el atropello. “Leopoldo López es inocente”, dijo al Wall Street Journal. “De mi corazón, le quiero pedir perdón a Venezuela, a Leopoldo López, a la familia López y especialmente a sus hijos”, cuyas miradas aseguró ver al despertar de su mal sueño. Hasta ahora, Guaidó y su familia no han sufrido la misma suerte. Ese es el mejor testimonio de una dictadura, tan sangrienta y represiva como siempre, pero mucho más endeble.