La tasa de fecundidad va en picada y con ella el número de niños necesitados de educación. Al mismo tiempo, el Ministerio del ramo crece y también su presupuesto. Los ingresos del Ministerio de Educación Pública (MEP) están fijados como un porcentaje del producto interno bruto (PIB) y crecerán al mismo ritmo de ese indicador. La caída en la fecundidad se mantendrá en el futuro previsible.
La brecha entre ingresos y alumnos se irá ensanchando para mejorar el financiamiento por estudiante. También se verá afectada la proporción de alumnos por maestro. La mejora ha estado ocurriendo a lo largo de la última década. Hay 25.000 docentes más que hace diez años, pero la matrícula en primaria descendió de 513.805 niños a 443.291. En el mismo lapso, el presupuesto se ha cuadruplicado.
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La oportunidad para mejorar la educación es obvia. Hay más recursos por niño y la cantidad de docentes permite reducir la población de las aulas para ofrecer mejor atención a cada alumno. Bien organizado, el MEP podría experimentar con modalidades como las practicadas en otros países, con más de un maestro en el aula.
Sin embargo, las mejoras se hacen esperar. Solo el 8 % de las escuelas públicas ofrece planes de estudios completos, incluidas las materias especiales, y el desempeño en las básicas no mejora. En la última prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), hecha en el 2015, Costa Rica retrocedió en matemáticas, ciencias y lectura en relación con los resultados del año 2012.
El Informe del Estado de la Educación está entre las voces que vienen insistiendo sobre la necesidad de aprovechar mejor los recursos. Los estudiosos del programa sugieren sacar ventaja de la situación para agrupar escuelas unidocentes y formar centros educativos capaces de ofrecer mayor calidad. También han demostrado la escasa ventaja sacada al tiempo de clases y las amplias oportunidades de mejora en ese campo.
Pero la coyuntura favorable para la inversión en educación también representa una oportunidad para cultivar los vicios asociados con buena parte del gasto social. La repartición de beneficios a diestra y siniestra, la satisfacción de la voracidad de las universidades públicas y sus irracionales sistemas de compensación, o la contratación descuidada de personal, solo porque los recursos lo permiten, están entre los peligros a la vista.
El gasto creciente por estudiante y el aumento de la planilla de nada servirá si las nuevas circunstancias incorporan las malas prácticas vigentes hasta ahora. Si la inversión se hace en salarios de maestros con mala formación, cuyas labores no pueden ser evaluadas, la calidad de la educación difícilmente aumentará. Si el desarrollo de infraestructura se hace con las mismas deficiencias de planificación, los alumnos no experimentarán las mejoras.
El Ministerio debe lanzar un programa de planificación y estudio de las nuevas necesidades y oportunidades para guiar su acción. La tarea es urgente porque en una situación de estrechez fiscal el desperdicio no será tolerado y existe, también, el peligro de un retroceso en el financiamiento. El gasto en educación es una de las mejores inversiones posibles. Por eso es de capital importancia justificarlo con los resultados.
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Isabel Román, coordinadora del Informe sobre el Estado de la Educación, enfatiza que recortar el presupuesto no debería ser una opción. Hacerlo sería un error histórico de alto costo en el futuro. “Sería dispararnos en el pie”, sentenció. Igualmente costoso es preservar los vicios arrastrados hasta ahora y cultivar otros, merced a la disminución del número de alumnos y el relativo aumento de los recursos disponibles.