27 agosto, 2020

Los titulares son alarmantes, como es propio de cierta prensa guiada por sus obsesiones y estrechos intereses. La realidad es muy diferente. La falsa narrativa insinuó oscuros motivos en una carta de intenciones firmada entre el Grupo Nación y el Incofer. Las mentiras quedaron demostradas hasta la saciedad. Ahora, la bien orquestada campaña abandona el campo ferroviario para entrar en el bursátil.

“CCSS invirtió ¢2.950 millones en La Nación”, “Plata de pensiones del IVM financió desarrollo de Parque Viva”, “Más de ¢7.000 millones de pensiones de los ticos están invertidos en La Nación”, “¿Por salvar Grupo Nación, la CCSS puso en peligro dinero público?, cuestionó Carmen Chan”.

La historieta implica un grave e inminente peligro para el dinero de los jubilados y, como parece creer la legisladora en un despliegue de desconocimiento, denota algún oscuro acuerdo con los responsables de las inversiones.

Primero, los números: En octubre del 2018, el Grupo Nación pagó ¢10.000 millones de su deuda. En setiembre del 2019, hace justamente un año, canceló otros ¢8.000 millones. El próximo vencimiento, que incluye parte de la emisión en manos del IVM, será en el 2024. Los ¢10.000 millones necesarios para hacerle frente ya están en las arcas de la empresa y sobran recursos, según los estados financieros constatables en la página en Internet de la Superintendencia General de Valores a junio del 2020. El dinero está invertido en diversos instrumentos financieros, incluidos bonos de Gobierno. Todo lo dicho se lee, además, en las memorias del Grupo Nación, en los estados financieros auditados por Deloitte y en otras fuentes.

El último vencimiento será en el 2025. Sería de unos ¢11.000 millones, de no ser porque la empresa ya hizo recompra de unos ¢2.000 millones. Los ¢9.000 millones restantes saldrán de nuestra estrategia empresarial en los próximos cinco años. La pandemia no durará para siempre, Parque Viva reabrirá algún día sus puertas y el mercado publicitario mejorará por la reactivación económica.

Mientras tanto, las operadoras de pensiones y otros inversionistas públicos y privados habrán obtenido los buenos rendimientos esperados cuando compraron los bonos. La Caja Costarricense de Seguro Social invierte en emisores privados desde hace unos 20 años y todos han cumplido rigurosamente, incluido el Grupo Nación. A la fecha, las operaciones se mantienen al día, afirma la institución.

En el 2014, cuando la Caja invirtió, el Grupo Nación gozaba de una calificación AAA. Efectivamente, ha habido un deterioro de esa nota. Múltiples inversiones —como la de Parque Viva— orientadas a ajustar el modelo de negocios, los resultados adversos propios de la evolución mundial de la industria de medios y el deterioro de la economía nacional llevaron la calificación a A con perspectiva negativa. Eso quiere decir “emisiones con una buena capacidad de pago de capital e intereses en los términos acordados. Susceptible de leve deterioro ante posibles cambios en el emisor, la industria o la economía. Nivel bueno”.

La nota A, vale señalar, es del 6 de agosto, hace menos de un mes, en plena pandemia, con Parque Viva cerrado desde marzo y poca esperanza de una pronta reapertura. La Nación S. A. y Subsidiarias tenía, para junio del 2020, un índice de liquidez de 2,85. Esto significa que sus activos corrientes casi triplican sus pasivos corrientes.

Las pérdidas operativas son comunes en toda la industria periodística en años recientes. Por eso, hemos emprendido la adaptación necesaria a nuestros tiempos con el modelo de suscripciones digitales. Quienes ya lograron transformarse, como The New York Times, líder de la industria, soportaron pérdidas varios años. Nuestra prudencia en la administración del balance nos permitirá hacer lo propio.

Ahora, los conceptos: No, diputada, la Caja no salvó al Grupo Nación. Invirtió en bonos triple A, como lo viene haciendo desde hace dos décadas en una multiplicidad de empresas. Lo hizo para diversificar su cartera y obtener buenos rendimientos, los cuales ha recibido y recibirá puntualmente. No tenía razón alguna para salvarnos porque en esa época, y desde años antes, publicamos fuertes críticas al manejo del IVM y las proyecciones de la institución. Tampoco necesitábamos salvamento porque la situación financiera nos valía una calificación de AAA. Y no lo necesitamos ahora.

No, diputada, el Grupo Nación no acudió a la Caja para colocar sus bonos. Hizo una oferta pública a través de un intermediario y el secreto bursátil le impide saber quién adquiere la emisión. La Caja, por ser una entidad del Estado, publica la información a posteriori, pero la empresa no se aboca a indagar si alguna institución pública compró sus bonos, porque sus obligaciones son las mismas frente a cualquier inversionista, sea este público o privado. Precisamente para preservar el secreto, los pagos se hacen a través de un intermediario.

El Grupo Nación ofreció los bonos. La Caja y muchas otras entidades decidieron comprarlos, atraídas por los rendimientos y el bajo nivel de riesgo. No lo hicieron porque deseaban colaborar en la construcción de un centro de entretenimiento y convenciones en La Guácima, como insinúa un tonto titular. Lo hicieron por los rendimientos, la diversificación de su cartera, el bajo nivel de riesgo y facultados por la ley.

Los intermediarios utilizados para este tipo de transacciones sí saben quiénes son los inversionistas. Ellos colocan los bonos, como hizo en el 2008 el puesto de bolsa del Banco BCT. No sabemos, por las razones señaladas, si hubo fondos de pensiones o empresas públicas entre los inversionistas a quienes el BCT les vendió la emisión, pero en un mercado tan pequeño como el nuestro, es muy probable. Sabemos, eso sí, que nuestra calificación en aquel momento era tan buena como en el 2014, cuando la Caja invirtió sin nuestro conocimiento, y que el BCT actuó con el mayor apego a la legalidad y la ética, como lo hicieron los inversionistas e intermediarios involucrados en las transacciones del 2014. Aquella emisión de bonos, dicho sea de paso, fue cancelada en octubre del 2017.

Sí, diputada, si tanto le preocupa la suscripción de bonos AAA, sepa que no hay una calificación superior. Usted podría poner sus preocupaciones a descansar con un sencillo proyecto de ley para prohibir toda inversión de las instituciones estatales en empresas privadas. Así, los fondos de pensiones concentrarían la totalidad de sus recursos en bonos del Estado, clase B y en caída.

Ahora, la conclusión: El Grupo Nación ha cumplido y cumplirá sus obligaciones, pero está consciente de la imposibilidad de impedir, con razones y verdades, el constante flujo de la mala fe y la ignorancia. Muchos seguirán felices con el tipo de prensa que se lo provee. A eso hemos llegado.