10 septiembre

La prisa de los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos para aprobar un sistema de identificación y registro de licores en el mercado nacional despierta dudas. El proyecto exigiría la incorporación de un medio de rastreo en cada botella comercializada en Costa Rica. La demanda del servicio de control y trazabilidad sería enorme, pero la iniciativa de ley no aclara cómo se financiará.

El rápido trámite de la comisión concluyó con un dictamen favorable, votado por unanimidad, sin importar las objeciones del Ministerio de Hacienda y el de Economía, Industria y Comercio. También señalaron deficiencias la Contraloría General de la República y el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, además de cinco municipalidades y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio.

Entrando en el campo de la especulación, como lo hace el legislador, la lógica inversa tendría mejor fundamento. La llamativa celeridad del trámite invita a preguntar por los sectores beneficiados, más que por los perjudicados.

Al menos un integrante de la comisión, el diputado Heriberto Abarca, admite defectos en el proyecto de ley y asegura haber votado favorable el dictamen porque dos promotores de la iniciativa, los liberacionistas Roberto Thompson y Daniel Ulate, insistieron en culminar el trámite bajo compromiso de hacer las enmiendas más adelante.

Tanta prisa en relación con un proyecto de tan poca urgencia llama la atención. Según Abarca, “hay un interés particular de algunos diputados” por acelerar el trámite, lo cual es obvio por la aprobación del dictamen a sabiendas de la necesidad de enmiendas y de las objeciones de las entidades consultadas. El legislador más bien manifiesta dudas sobre la eficacia del mecanismo de identificación y registro.

Aún más, luego de hacer las consultas, los diputados se limitaron a recibir las respuestas por escrito para proceder a ignorarlas. Ninguna de las instituciones opuestas al proyecto fue invitada a declarar personalmente ante la comisión y los diputados no mostraron interés por examinar las demás observaciones en presencia de los consultados.

El socialcristiano Erwen Masís, también impulsor del proyecto, expresó un extraño argumento frente a sus opositores: “Me da la impresión de que es una resistencia de los sectores que podrían verse afectados”. Esos sectores vendrían a ser, salvo mejor explicación del diputado, los contrabandistas y envasadores de licores adulterados. En ese caso, el legislador debe explicar cómo ejercen los delincuentes tanta influencia sobre los ministerios de Hacienda y Economía, amén de la Contraloría General de la República, el Departamento de Servicios Técnicos, las municipalidades y la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio. Lo mismo podría decirse de los medios que nos sumamos a los cuestionamientos.

Entrando en el campo de la especulación, como lo hace el legislador, la lógica inversa tendría mejor fundamento. La llamativa celeridad del trámite, el dictamen favorable pese a las objeciones de las instituciones consultadas, las dudas de los propios legisladores y las enmiendas prometidas para el futuro invitan a preguntar por los sectores beneficiados, más que por los perjudicados.

La pregunta se la debe hacer el plenario, sin perjuicio de considerar la posibilidad planteada por el diputado Masís, si la estimara pertinente. Antes de convertir el proyecto en ley, también importa esclarecer las dudas de Abarca sobre la eficacia del mecanismo y las del Ministerio de Hacienda sobre el costo y financiamiento. No menos interesante es indagar sobre los posibles proveedores del servicio, la definición del término “imitación de licor”, la potestad del Ministerio de Salud para declarar la adulteración de un producto y el señalamiento de los encargados de hacer las pruebas, entre otras dudas. La lista no es poca cosa.