5 junio

La aprobación de la Ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos es una buena noticia para la aspiración de incorporarnos a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un foro de 36 países cuyos gobiernos comparten mejores prácticas y medios para aprovechar oportunidades de desarrollo.

La mayoría de los miembros está entre las economías democráticas más avanzadas y la pertenencia depende del alineamiento de varias políticas públicas clave con los estándares internacionales. Uno de esos requisitos es la persecución del cohecho y el soborno en el ámbito doméstico y en el internacional.

La votación en el Congreso se resolvió por un contundente 43 a 3. El resultado es una de las razones para festejar. La inequívoca voluntad de la Asamblea Legislativa no deja margen para dudar del rumbo. Costa Rica se abre al mundo y apuesta al perfeccionamiento de sus ventajas competitivas. Como miembro de la OCDE, gozará de nuevas oportunidades de modernización y desarrollo y tendrá otro argumento para atraer inversiones.

También es de celebrar el empeño puesto por el gobierno en esta última etapa de cumplimiento de los requisitos de incorporación. La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, lo respaldó el lunes con su presencia en el Salón de Expresidentes y Expresidentas mientras el plenario votaba. La acompañaban sus asesores.

El compromiso del Poder Legislativo y la Casa Presidencial es razón para el optimismo cuando más lo necesitamos. Tampoco debemos dejar de mencionar los loables fines de la legislación aprobada. La corrupción es costosa para los países en desarrollo y el nuestro tiene experiencias que lamentar, incluidos pagos ilícitos por empresas transnacionales a cambio de contratos y favores.

Sin embargo, las buenas noticias vienen acompañadas de un viejo vicio cuyo señalamiento no puede faltar. La ley es parte de la agenda de incorporación a la OCDE desde un principio, pero la Asamblea Legislativa la aprobó a pocas semanas de vencer el plazo establecido al efecto. Fue votada a la carrera y con dudas, tanto así que los diputados admiten, de entrada, la necesidad de reformarla. Si no lo hacen ellos, corren el riesgo de un tropezón en la Sala Constitucional, a la cual probablemente no llegue una consulta facultativa, precisamente por la premura. Sin embargo, podría plantearse un cuestionamiento en algún momento después de entrar la ley en vigor.

La normativa permite establecer responsabilidades de las personas jurídicas en sede penal y juzgarlas en ausencia de sus representantes. También contempla tipos penales muy amplios. Los críticos se manifiestan preocupados por el derecho a la defensa y el posible exceso de las sanciones y facultades represivas.

En ausencia del representante, la ley encarga a la Defensa Pública velar por los intereses de la sociedad acusada, pero Diana Montero, jefa interina de esa dependencia, objeta la carga de trabajo adicional cuando su despacho labora a su máxima capacidad para representar a personas sin posibilidades de contratar abogados debido a limitaciones económicas.

Salta a la vista la inconveniencia de legislar de esta manera, contra reloj y con la mirada puesta en futuras enmiendas. La improvisación es enemiga de la buena técnica legislativa, pero las votaciones al borde del cumplimiento de un plazo o cuando el país se encuentra entre la espada y la pared son frecuentes, tanto como los errores señalados a posteriori y, en algunos casos como el presente, antes de aprobada la iniciativa.

La Asamblea Legislativa aprobó ayer una moción para sesionar hoy, en forma extraordinaria, con el fin de retrotraer el proyecto para enmendarlo utilizando los mecanismos de corrección de iniciativas votadas en primer debate. Esa disposición a rectificar también es buena noticia.