El súbito salto del precio del dólar es motivo de honda preocupación. Esa y otras perturbaciones de la economía actual ofrecen lecciones de política pública que es necesario aprender mientras intentamos evitar sus consecuencias más extremas. Por lo pronto, las lecciones son preliminares, porque el ciclo no ha concluido.
La primera es que la incertidumbre política y económica, en particular la nebulosa sobre la aprobación de la reforma fiscal —a tiempo y en su magnitud correcta—, condiciona las perspectivas de aumento de la inflación y las tasas de interés. En consecuencia, los agentes económicos procuran protección para su riqueza financiera en divisas confiables. En nuestro caso, la confianza se deposita en el dólar, cuyo precio en moneda local tiende a elevarse.
Las alzas en el tipo de cambio experimentadas hasta ahora no son, necesariamente, las definitivas. Por lo general, las fluctuaciones son condicionadas por los factores fundamentales de la economía, pero también suelen obedecer a temores temporales. En esos casos, pueden bajar o moderarse con la misma rapidez.
Las circunstancias externas e internas de nuestra economía apuntan a un aceleramiento de la devaluación del colón y a un aumento en las tasas de interés, tanto para operaciones en moneda extranjera como en colones. Lo que no se sabe es hasta dónde llegarán los aumentos. La pronta aprobación de las medidas de ajuste fiscal coadyuvaría a modificar expectativas y a normalizar el mercado financiero y cambiario. Su rechazo agravaría significativamente la situación.
La segunda lección es que la decisión del Ministerio de Hacienda de endeudarse en dólares porque la tasa de interés resultaba inferior no necesariamente fue la mejor, pues se expuso al riesgo cambiario y, en situaciones como la actual, el pago de intereses y las amortizaciones, expresadas en colones, resultan más altas.
La tercera es el inevitable problema de un Estado que, como el nuestro, sistemáticamente gasta más de lo que recauda en impuestos. Si el endeudamiento se eleva año con año, lo mismo hará la carga de intereses. En consecuencia, el Estado tendrá menos recursos para cumplir a cabalidad sus funciones esenciales. Atender el faltante por el lado de los ingresos no solo resta estímulos a la producción, sino que reduce el poder de compra de los consumidores. Según la doctrina keynesiana, el déficit fiscal podría justificarse cuando la actividad económica decae por factores evitables, pero ese no es el caso actual. En nuestra situación, gastar más de lo recaudado es nefasto.
La devaluación tiende a contraer las importaciones, pero, dependiendo de su elasticidad, es posible que en colones, a nuevos tipos de cambio, resulten superiores en costo y, por ende, la recaudación del Ministerio de Hacienda se eleve un tanto. Eso ayudaría a compensar parte del aumento en el servicio de la deuda.
Sin embargo, la mejor forma de enfrentar el desequilibrio de las finanzas públicas es recortar y controlar el gasto corriente, de consumo, del Estado, en particular las partidas contribuyentes a la inequidad social, como las remuneraciones y pensiones de lujo. Por el contrario, es preciso preservar las erogaciones para inversión en la obra física requerida para el crecimiento económico inclusivo (escuelas, carreteras, puentes, etc.).
El actual problema del mercado cambiario tiene como principal explicación la incertidumbre sobre la solución del problema fiscal. El Banco Central puede intervenir juiciosamente para atenuar la volatilidad innecesaria del tipo de cambio, pero no debe oponerse a su tendencia a mediano y largo plazo. No debe, en el esfuerzo, sacrificar reservas monetarias internacionales, pues señalaría una obstinada oposición a que el precio de la divisa sea el de mercado y, sobre todo, podría quedarse sin reservas, como ha sucedido en otros países.
Confiamos en que un mercado tan fundamental como el cambiario pronto retorne la calma. Eso no debe hacernos olvidar otra de las lecciones del momento: en una economía abierta al comercio internacional y a los flujos financieros, el riesgo cambiario existe y los agentes económicos deben incorporarlo a sus decisiones.