Hace 4 días

Una denuncia anónima, infundada y francamente estúpida echó a andar el aparato investigativo del Ministerio Público al más alto nivel, el de la fiscala general, Emilia Navas, y la Sección Anticorrupción del Departamento de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial. También causó titulares de prensa sobre las pesquisas encaminadas a determinar si el presidente, Carlos Alvarado, encabeza una “red criminal” dedicada a extraer sobornos de los principales concesionarios de infraestructura y servicios.

A lo largo de siete páginas, no hay una sola referencia a una prueba, un lugar, un monto, una transferencia, un testigo, una conversación, una grabación o un encuentro siquiera sospechoso.

En la Asamblea Legislativa, sin siquiera un vistazo a la denuncia y sin conocer su origen anónimo, algunos diputados pidieron la renuncia de altos funcionarios “involucrados”, incluido el ministro calificado por el denunciante como “zar de los sobornos”. Otros vieron la oportunidad de anotar puntos políticos y exigieron la apertura de una investigación legislativa contra el mandatario y altos funcionarios de su administración.

La denuncia no merece ese nombre. Se parece mucho más a una calumnia. Cuando menos, tiene todos los elementos de una denuncia calumniosa según la tipificación del Código Penal. Así, salta a la vista de quien la lea, sin necesidad de haber cursado siquiera el primer año de Derecho. Por eso asombra la decisión de darle curso, tratándose de un tema tan delicado por sus ramificaciones políticas, sociales y económicas. Precisamente por esas repercusiones, cuando la acusación se dirige contra miembros de los supremos poderes, la ley dispone un procedimiento especial y confía en el criterio de la Fiscalía General para practicar las indagaciones iniciales.

La “denuncia” comienza por atribuir a la “red criminal” del presidente Alvarado el cobro de soborno a los principales concesionarios del Estado y menciona específicamente a los encargados del aeropuerto Juan Santamaría, la ruta 27 y puerto Caldera. La afirmación está en el tercer párrafo y nunca más, a lo largo de siete páginas, vuelven a mencionarse las dos primeras concesiones. El párrafo lo cierra el anónimo denunciante afirmando: “En esta denuncia, me referiré específicamente a las negociaciones de la concesión del muelle general de Puerto Caldera”.

Surge así un misterio insondable. ¿Por qué no referirse a las otras dos fuentes de “sobornos” y a todas las que conozca el “denunciante”? ¿Por qué no nombra a los involucrados en esos casos? Surge también una pregunta para la Fiscalía: Si la “denuncia” es notitia criminis suficiente para invertir recursos públicos en su investigación, ¿examinarán también las otras dos concesiones? A las tres se les menciona como fuente de sobornos y a todas sin la menor prueba o indicio, incluido el caso de Caldera, sobre el cual no consta más que la especulación del “denunciante”, bastante tonta, por cierto.

La historia es así: Caldera requiere de obras urgentes para no colapsar, pero la concesión vigente no permite a la adjudicataria hacer obras civiles de importancia. Solo puede ejecutar labores de mantenimiento y brindar el servicio portuario. Es necesario modificar el contrato para permitir una remodelación de $150 millones a cargo de los actuales administradores o rescindirlo antes de su terminación en el 2026, con indemnización para la concesionaria (unos $100 millones).

Una empresa de Emiratos Árabes Unidos se interesó en hacer las inversiones, pero ofreció modernizar también el puerto de Puntarenas y el ferrocarril de carga entre el Pacífico y Alajuela. Los árabes indemnizarían a la concesionaria actual y se harían cargo de los tres proyectos.

Al “denunciante” le parece mejor la oferta de Dubái y vaticinó, el 4 de diciembre del 2019, que tres meses más tarde el gobierno la rechazaría para favorecer al concesionario actual con cuyo “soborno” los Emiratos no pueden competir porque “por un tema cultural, los árabes no hacen negocios sobornando funcionarios públicos”. ¡Así de imbécil!

“Entonces, la propuesta será rechazada por el Gobierno… con complicidad de las personas denunciadas… porque los altos jerarcas… denunciados no lograron asegurarse una comisión…”.

Los pronósticos del “denunciante” sobre futuros delitos no se cumplieron. Al mes siguiente de planteada la “denuncia”, el presidente se encaminaba a Dubái precisamente para atraer la inversión propuesta, empero se vio obligado a cancelar el viaje debido a las tensiones desencadenadas por el ataque estadounidense contra el principal estratega militar iraní. A la fecha, la propuesta del concesionario tampoco ha sido aceptada y toda modificación al contrato exigirá el escrutinio de la Contraloría General de la República. La oferta árabe más bien fue retirada el 6 de abril porque, según la empresa, la indefinición del marco legal y la crisis mundial impiden hacer la inversión.

A lo largo de las siete páginas, no hay una sola referencia a una prueba, un lugar, un monto, una transferencia, un testigo, una conversación, una grabación o un encuentro siquiera sospechoso. No hay indicio alguno y en el ridículo aparte final, titulado “pruebas”, solo hay una lista de seis publicaciones de medios de comunicación nacionales sobre el tema de Caldera. Ninguna de ellas contiene siquiera una referencia indirecta a alguna anomalía.

Es difícil creer que semejante argucia se constituya en punto de partida para una investigación judicial o un examen legislativo. Entenderíamos que el lector dude de la caracterización que hemos hecho de la denuncia, vista la inverosimilitud del caso. Por eso, decidimos publicarla íntegramente en la edición electrónica, donde cada cual podrá ver la documentación con sus propios ojos y decidir si la política costarricense debe ser así y si los recursos públicos, tan escasos hoy, están bien invertidos en investigar una evidente infamia.