La Sala Constitucional no tardará en emitir una sentencia estructural, del tipo también llamado “megasentencia”, para exigir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un programa de solución a las largas listas de espera y el tiempo irrazonable de atención en varias especialidades médicas y centros de salud.
La resolución es previsible luego de la comparecencia del presidente ejecutivo, Román Macaya; el gerente, Roberto Barrantes; el ministro de Salud, Daniel Salas; el presidente del Colegio de Médicos, Andrés Castillo; y la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. El alto nivel de los comparecientes, las cuatro horas dedicadas a la diligencia y las preguntas de los magistrados apuntan al deseo de sentar pautas de orden general, con repercusiones más allá de un caso concreto.
Los magistrados señalaron con toda claridad su preocupación por el vertiginoso aumento de recursos de amparo contra la CCSS por las listas de espera y la entrega de medicamentos. El año pasado, la Sala recibió 7.037 gestiones de esa naturaleza, equivalentes al 34,5 % del total de recursos de amparo. Un reclamo social de esas proporciones exige respuestas de mayor alcance. Por eso, los magistrados no se conformarán con resolver el caso particular.
La intención es loable, pero hay fallos estructurales anteriores, cuyo acatamiento pudo haber salvado a la Caja de la sentencia por venir. En el 2013, un ciudadano con cuatro años de esperar atención en los servicios de Ortopedia acudió a la Sala para exigir su derecho. Los magistrados respondieron con una sentencia estructural donde reconocían que “el régimen de seguridad social es también un pilar fundamental del sistema democrático nacional y al encontrar su sustento en el artículo 73 de la Constitución Política debe cumplirse en todo momento con las características de eficiencia, celeridad, simplicidad y oportunidad".
En consecuencia, además de amparar al solicitante, la Sala ordenó a la presidenta ejecutiva, o a quien ocupara su cargo, abocarse, “de forma inmediata”, a elaborar un plan remedial durante los 12 meses siguientes a la notificación de la sentencia para reducir las listas de espera. Aprobado el plan dentro del plazo fijado, la CCSS contaba con otros 12 meses para no sobrepasar los tiempos de atención razonables, de acuerdo con las particularidades de cada especialidad médica.
El plan remedial debía definir los plazos de espera razonables según las patologías, diagnósticos, sintomatologías, urgencias y condiciones del paciente. Además, debía contener los criterios objetivos para ubicar a los pacientes en las listas y un cronograma de avance, junto con las medidas administrativas y técnicas necesarias para cumplir los objetivos trazados. La Sala también ordenó la presentación de informes semestrales de cumplimiento.
Los plazos vencieron en el 2015 y, desde entonces, los recursos de amparo se han venido incrementando, con alegatos muy parecidos al resuelto por la sentencia estructural del 2013. Ojalá los magistrados tengan el antecedente en cuenta a la hora de emitir la próxima sentencia porque, como ellos mismos lo señalaron, la seguridad social es un pilar fundamental del sistema democrático.
Las autoridades de la Caja informaron a los magistrados de las jornadas de producción y sus efectos sobre los tiempos de espera, reducidos de 198 días a 149 en algunos procedimientos de diagnóstico y de 442 días a 378 en ciertas cirugías electivas o programadas, además del pago de horas extras, el uso de la telemedicina y el trabajo en red para que pacientes en la lista de un hospital puedan ser atendidos en otro.
Sin embargo, la institución se ha mostrado reacia ante las recomendaciones de la comisión encargada de estudiar su crisis en el 2011. El examen resultó en propuestas útiles en varios campos, incluido el mejoramiento del servicio. Aquella comisión más bien propuso reducir, reasignar y eliminar el gasto en tiempo extraordinario, incluido el pago de guardias médicas, disponibilidades y cirugías vespertinas, así como las jornadas extraordinarias en enfermería, farmacia, laboratorio y transporte.
En lugar de hacer esos gastos, propuso aprovechar los recursos para crear un segundo o tercer turno con el fin de garantizar la prestación oportuna de los servicios. También identificó la necesidad de maximizar el uso del tiempo ordinario y aumentar la productividad mediante un sistema de control del cumplimiento de horarios y funciones de todo el personal, además de una verdadera evaluación anual de cada funcionario. No es difícil adivinar por qué la institución se abstuvo de adoptar la gran mayoría de recomendaciones. Ojalá la nueva resolución de la Sala Constitucional sirva de acicate.