18 noviembre, 2020

Entre el 2013 y el 2019 los grupos organizados en torno a determinados reclamos dejaron de utilizar los métodos tradicionales de protesta y negociación para adoptar el enfrentamiento como medio de presión. Cierres de vías y obstaculización del tránsito están ahora entre los recursos preferidos, concluye un estudio del Estado de la Nación divulgado esta semana.

Métodos más moderados y respetuosos de la ley y los derechos ajenos, como las manifestaciones y marchas, pasaron a segundo plano. En el 2018, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, hubo un centenar de manifestaciones enmarcadas en la institucionalidad y más de 350 bloqueos, marchas y mítines animados por la confrontación.

El propio informe señala tres razones para explicar el aumento en el uso de los métodos violentos y su extensión a todo tipo de grupos y reclamos: los bloqueos son fáciles de organizar y requieren de poca inversión. Sobre todo, ha habido un paulatino aprendizaje de los organizadores sobre su eficacia para abrir espacios de diálogo y negociación.

En ese último punto está la clave de un fenómeno ilícito, pero demasiado común, y muy dañino para la convivencia y la adopción de políticas públicas rechazadas por diversos sectores, no importa cuán minoritarios. La fuerza no está en el número, sino en el violento secuestro del derecho ajeno.

El informe es oportuno porque invita a reflexionar sobre la reacción del Estado ante las presiones ilícitas. En su vertiente estadística, el estudio apunta a un rotundo fracaso del apaciguamiento. Hay una hora para la firmeza, pero una y otra vez el Estado costarricense no llega a la cita y abre las puertas al diálogo con personajes radicales, incapaces de imaginar una respuesta a los graves problemas nacionales y llenos de exigencias absurdas. «¡No más endeudamiento!», gritaba desde sus trincheras un movimiento reciente cuando el país necesita, con urgencia, los recursos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional.

A la Casa Presidencial han entrado desde los líderes de ese movimiento hasta los confundidos dirigentes de Medse, la efímera organización estudiantil que, sin saber por qué y pretextando tonterías como el espionaje con drones por el Ministerio de Educación, organizó cierres de vías en todo el país.

La facilidad de organización permite, a la vez, sumar diversos reclamos inconexos para crear la impresión de un movimiento más amplio. A los jóvenes de Medse se unió un grupo de camioneros cuya agenda terminó por adoptar la renuncia del ministro de Educación como exigencia esencial. En fecha más reciente, pescadores de Puntarenas coincidieron en su protesta con el autodenominado Rescate Nacional para luego proclamar su independencia de esa agrupación.

El diálogo es un alto valor de la sociedad costarricense cuando se produce en el marco de la institucionalidad. Si se convierte en motivo de parálisis gubernamental frente al atropello del derecho ajeno y en premio para la violencia, no tiene valor alguno, salvo la circunstancial solución de un conflicto al costo de sembrar muchos más. En todo el planeta hay grupos que se sienten agraviados, pero pocos países toleran la manifestación de esas disconformidades por medios violentos, lesivos para los derechos de los demás.

El primer paso para contrarrestar la tendencia es la firme resolución de no negociar mientras las medidas de presión se mantengan y la oportuna decisión de levantar los bloqueos y presentar a sus ejecutores e instigadores ante la justicia. El país no puede estar sujeto a los dictados de movimientos baratos y fáciles de organizar gracias al pequeño número de participantes necesarios.