Dos de los tres magistrados propietarios de la Sala Tercera sancionados por la Corte Plena con dos meses de suspensión por la irregular desestimación de una causa contra los exdiputados Víctor Hugo Morales Zapata y Otto Guevara Guth, anunciaron su decisión de abandonar el cargo.
El magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, informó de su decisión de acogerse a la jubilación antes de la votación celebrada para imponer la sanción. Luego de conocerse la decisión de la Corte Plena, la magistrada Doris Arias declaró que seguirá el mismo camino en noviembre, cuando venza su nombramiento.
El tercero de los tres propietarios sancionados es también el más controversial, pero ni siquiera ha sido posible consultar su opinión sobre la decisión de sus compañeros de sala. El magistrado Jesús Ramírez, el de más edad y años de servicio en la Sala Tercera, ha sido difícil de localizar desde el anuncio de las sanciones.
En 1988, tres años después de su elección, la histórica Comisión Investigadora del Tráfico de Drogas de la Asamblea Legislativa se manifestó contra la permanencia de Ramírez en el cargo. En aquel momento, la Corte sufrió un fuerte remezón por el célebre “caso Fionna”. Otros magistrados dejaron sus cargos, pero Ramírez permaneció pese a la tormenta de críticas.
Según la Comisión, Ramírez protegió de diversas formas al jefe de Investigación Criminal del OIJ, cuestionado por su estrecha amistad con el narcotraficante argentino Roberto Fionna, eventualmente extraditado a Francia para cumplir una larga condena. Ramírez dijo desconocer la relación entre el agente y Fionna y rechazó haber favorecido al jefe policial. No obstante, la Comisión desoyó el alegato y mantuvo su recomendación.
En 1993, el magistrado se presentó para la reelección. Una amplia mayoría de 37 diputados atendió la recomendación de la Comisión, pero faltó un voto para satisfacer la mayoría calificada exigida por la Constitución Política para evitar la reelección automática de los altos jueces. La cantidad de votos en contra no hizo mella en el deseo de Ramírez de permanecer en el cargo.
La confirmación del magistrado en el cargo se produjo aunque en 1989, un año después de conocidas las recomendaciones de la Comisión, la Corte Plena lo había reprendido por supuestas presiones sobre una jueza en un caso relacionado con un empresario de automóviles.
En el 2001, Ramírez volvió a lograr la reelección pese al voto en contrario de una mayoría de 29 diputados. En el plenario solo había 52 parlamentarios presentes. Ya en el 2009, el Congreso se evitó el incómodo trance de votar sobre la reelección y simplemente dejó transcurrir el plazo sin hacer nada. Así, el nombramiento fue renovado hasta el 2017.
El año pasado, a sus 74 años, a Ramírez se le renovó el nombramiento por otro periodo. En esa oportunidad tuvo a 22 diputados en contra durante una votación de último minuto, poco antes de que se produjera una nueva reelección por simple vencimiento del plazo concedido al Congreso para pronunciarse.
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Si el magistrado Ramírez no sigue el camino de sus dos compañeros titulares de la Sala Tercera, permanecerá en el cargo hasta el 2025. Un importante número de integrantes de la actual Asamblea Legislativa prometió no reelegir a los sancionados por la desestimación de la causa seguida contra Guevara y Morales, pero esos legisladores habrán dejado sus curules tres años antes de la próxima eventual reelección de Ramírez.
La continuidad del magistrado en la Corte, contra viento y marea, en nada contribuye a cimentar la confianza de la ciudadanía en la institución. El magistrado Jesús Ramírez podría hacer una importante contribución a la recuperación del Poder Judicial, hoy sumido en crisis, si siguiera el camino de los otros dos titulares sancionados por la Corte Plena.