Puede haber distintos argumentos legales sobre las obligaciones que impone la reforma fiscal al Poder Judicial, pero lo que no admite discusión es que, al negarse a cumplir la contención establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con respecto a los pluses y las anualidades, la Corte Plena ha hecho dos graves confesiones. La primera, que no tiene real voluntad de ahorro y, menos aún, de sacrificio coyuntural; la segunda, resultado de la anterior, que insiste en mantener un régimen privilegiado de remuneraciones, aunque ello agrave nuestra severa crisis fiscal. Es como si tuviera un carácter extraterritorial y se financiara con recursos propios, no de los contribuyentes. Ante esta actitud, se justifican plenamente las reacciones en contra de tal decisión surgidas en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo.
Contrario a lo que manda la nueva legislación para todo el sector público, la Corte dispuso seguir calculando las anualidades de sus funcionarios, incluidos los nuevos, como porcentaje de sus salarios, no como un monto fijo igual a la última suma recibida antes de la entrada en vigor de la reforma. Además, otros incentivos solo se pagarán en montos fijos a los funcionarios que hayan ingresado después de aprobada la ley; el resto, los seguirán recibiendo porcentualmente. Con ambas medidas, los magistrados decidieron, ni más ni menos, que mantener el crecimiento exponencial de los gastos salariales.
La decisión, tomada el 18 de marzo, con el voto favorable de 14 magistrados y la abstención de los 7 que integran la Sala Constitucional, fue dada a conocer el lunes por La Nación. De inmediato, las principales fracciones legislativas se manifestaron enérgicamente en contra, por razones legales muy poderosas: ni la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dejó por fuera al Poder Judicial, ni esa fue la intención de los legisladores, ni se puede interpretar que la Sala Constitucional, al evacuar una consulta sobre el texto, lo exoneró de sus efectos. Conclusión: la Corte Plena está irrespetando potestades legislativas y, además, desdeñando sus deberes por el bienestar general, que depende de ordenar las finanzas públicas.
Más aún, el diputado Pedro Muñoz, subjefe de la fracción del PUSC, denunció ante la Fiscalía a los magistrados que avalaron la decisión por la supuesta existencia de cuatro delitos: administración en provecho propio, reconocimiento ilegal de derechos laborales, fraude de ley en la función pública e inhabilitación. Muñoz, además, recordó un criterio de la Procuraduría General de la República, según el cual las medidas sobre empleo público de la nueva ley incluyen todos los poderes e instituciones descentralizadas.
El martes la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunció que el Ejecutivo recortará ¢2.500 millones al presupuesto judicial. El monto, que apenas representa un poco más del 0,5 % del total presupuestado, se había incluido, por solicitud de la Corte, para establecer un juzgado anticorrupción. La razón aducida fue que los ingresos del Poder Judicial apenas alcanzan para cumplir sus otras obligaciones y que esta nueva instancia no podría financiarse sin recursos adicionales. Sin embargo, la decisión de la Corte Plena ha revelado que, en realidad, recursos sí existen, solo que las prioridades de los jerarcas son otras: mantener los privilegios laborales en lugar de atender nuevas obligaciones jurisdiccionales.
Por tal motivo, lejos de ser una represalia o una coacción, como argumenta el magistrado presidente, Fernando Cruz, la medida de Hacienda es necesaria y proporcionada. Además, en nada vulnera la independencia financiera u operativa del Poder Judicial, pero sí lo hará asumir, aunque sea en pequeña medida, su responsabilidad por las consecuencias. “No vemos la voluntad de contribuir al ajuste que, de manera vehemente, les hemos instado a realizar por el bien del país”, dijo la ministra, y tiene toda la razón.
Lamentamos el virtual choque entre poderes porque en nada beneficia la integridad de nuestro Estado de derecho. Pero debemos señalar que la culpa recae sobre el Judicial, que debería ser su guardián más robusto. De este modo, a su irresponsabilidad fiscal añade un enorme descuido institucional.
Este miércoles, en un artículo publicado en La Nación, la contralora general de la República, Marta Acosta, se refirió a la impostergable necesidad nacional de resolver el problema fiscal y el bloqueo de distintos sectores a la reforma. Concluyó con estas sabias palabras: “El momento demanda visión de Estado, y esa responsabilidad compete a todos los líderes de grupo y a los jerarcas institucionales. Hay graves consecuencias sociales en juego”. Los magistrados harían bien en tomar nota y actuar en consecuencia.
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