27 febrero

El índice mundial de percepciones sobre corrupción en el sector público durante el 2017, dado a conocer la pasada semana por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, ha reafirmado tanto el rango positivo que ocupa Costa Rica en esa escala, como la magnitud global del flagelo. En dos tercios de los 180 países y territorios sometidos a análisis, su grado es alto o muy alto. En la mayoría, los avances han sido nulos o muestran resultados excesivamente modestos. En este último grupo estamos nosotros, lo cual debe ser una señal de alerta y un acicate para seguir esforzándonos por ser un Estado con procesos de decisiones y adquisiciones cada vez más transparentes, eficientes y probos y por contar con instrumentos más robustos para luchar contra la impunidad.

La corrupción distorsiona el uso de los recursos públicos

El índice clasifica a los países y territorios según las percepciones de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en el sector público, recogidas mediante distintos procedimientos. Emplea una escala de cero a 100, en la cual cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. A partir de este puntaje, establece una clasificación internacional. En la última edición, Costa Rica obtuvo una puntuación de 59, un punto por encima del 2016, y subió del lugar 41 al 38 entre los menos corruptos; es decir, estamos mejor que 142 participantes. Más aún, si analizamos los datos para varios años, se nota una ligera, pero sostenida, tendencia a la superación.

Todo lo anterior debe complacernos. La corrupción distorsiona el uso de los recursos públicos, debilita la institucionalidad, sesga las reglas del juego a favor de quienes la emplean, vulnera el nivel de vida, reduce la competitividad y desestimula las inversiones, sobre todo de empresas responsables, las que más necesitamos. Sin embargo, 59 puntos y el puesto 38 entre 180 no son suficientes. Por ejemplo, dos países latinoamericanos muestran resultados sustancialmente mejores: Uruguay, con 70 puntos y la posición 23, y Chile, con 67 puntos y el lugar 26. También nos superan Barbados y Bahamas, en el Caribe. Si ellos han logrado posiciones tan significativas, debemos aspirar, al menos, a emularlos.

En su publicación, Transparencia Internacional plantea una conclusión muy reveladora: “Los países donde son más frágiles las garantías para la prensa y las organizaciones no gubernamentales (ONG) en general presentan también los peores índices de corrupción”. Es decir, existen importantes grados de correlación entre la honestidad, la transparencia y la lucha contra la impunidad, por un lado, y el respeto a los derechos civiles y políticos, por el otro. Por esto no sorprende que Nueva Zelanda y Dinamarca hayan ocupado las primeras posiciones, con puntuaciones de 89 y 88, respectivamente, y que Siria, Sudán del Sur y Somalia estén en los puestos más bajos, con puntuaciones de 14, 12 y 9. En nuestro hemisferio, Venezuela se lleva el dudoso “premio” de ser el más corrupto, con apenas 18 puntos y el puesto 169, seguida, en la escala descendente, por Haití y Nicaragua.

Transparencia Internacional plantea una serie de recomendaciones como antídotos contra la corrupción. Recomienda que los gobiernos y empresas hagan más para estimular la libertad de expresión, los medios de prensa independientes, el disenso político y la acción de la sociedad civil; que se minimicen las regulaciones sobre los medios; que se promueva el libre acceso a la información de interés público, incluyendo su divulgación proactiva por parte de negocios y empresas en formatos digitales abiertos, y que la protección de las libertades públicas esté alineada con los tratados y mejores prácticas internacionales.

Es algo que tomar muy en cuenta siempre, pero, particularmente, en esta época electoral. Porque si bien es cierto nuestro país muestra desempeños sólidos en todas estas materias, si no los consolidamos, protegemos y mejoramos, perderemos todos.