La firma calificadora de riesgo Moody’s Investors Service, Inc. emitió su más reciente calificación de los títulos de deuda del gobierno de Costa Rica el 5 de diciembre y —como balde de agua fría— rebajó la nota y les asignó una perspectiva negativa. Lo primero quiere decir que los bonos del Gobierno, ayunos de un grado de inversión necesario para permitir a inversionistas institucionales, como las aseguradoras, comprarlos, bajaron una escala más. La perspectiva negativa significa que en el futuro, si las cosas no mejoran, la nota podría caer más.
Moody’s conoce la reciente aprobación legislativa del conjunto de medidas contenidas en el plan fiscal, pero las consideró insuficientes para remediar el faltante. Según la calificadora, lo aprobado no satisface la totalidad del ajuste requerido, pues las medidas de control de gasto, si bien son importantes, surtirán pleno efecto cuando hayan pasado varios años. Además, están expuestas a la oposición de grupos de interés que podrían dificultar su cabal puesta en práctica.
La duda de la calificadora sobre la capacidad del gobierno para aplicar las medidas correctivas no parece centrada en la actual administración, sino en el historial de políticas públicas nacionales, muchas de las cuales no llegan a buen puerto cuando enfrentan oposición. La administración Alvarado debe demostrar que ese no será el caso.
El análisis citado por Moody’s para justificar su calificación es interesante. Por un lado, señala que, en ausencia de un ajuste total, el endeudamiento del Gobierno Central no se estabilizará, sino que seguirá creciendo en los próximos años. El endeudamiento, hoy ubicado en un nivel equivalente al 54 % del valor de la producción (PIB), tiende a crecer al 59 % al final del 2019 y a 65 % al finalizar el 2022. Eso implica que la carga de intereses, que en el 2010 consumió un 15 % de los ingresos, este año devorará una cuarta parte y, en el futuro, proporciones significativamente mayores.
El ajuste consciente de las finanzas públicas va más allá de un ejercicio teórico. En su ausencia, el gobierno deberá recortar cada vez más partidas destinadas a actividades de alto beneficio social (educación y salud básica, infraestructura, seguridad ciudadana) para atender el pago de intereses sobre su deuda. Para complicar más las cosas, si la comunidad financiera mostrara una duda razonable sobre la capacidad del país para adoptar un conjunto completo de medidas frente al problema fiscal, exigirá tasas de interés cada vez más elevadas para invertir en bonos del Gobierno costarricense. Y el mal del Gobierno afectará —en virtud del denominado “techo soberano”— también a los demandantes de crédito del sector privado y, por esa vía, a los consumidores.
La administración Alvarado señala con claridad la necesidad de emprender nuevas acciones para sanear las finanzas públicas, pero el entorno nacional es de inseguridad y de huelgas prolongadas para tratar de evitar, a toda costa, la adopción del conjunto de medidas correctivas pendiente.
Como el endeudamiento público consiste en una relación por cociente deuda/PIB, el endeudamiento tendería a bajar si las medidas para estimular el crecimiento económico tienen éxito, no solo porque el denominador de la relación sube, sino porque la propia recaudación del gobierno se elevaría.
La administración debe tomar nota del llamado de atención de Moody’s para continuar la puesta en práctica de las restantes medidas de ajuste, básicamente por el lado del gasto público y de la reactivación económica, que permitan estabilizar su endeudamiento en el futuro cercano, ojalá al final del 2019.
Escuchar