15 julio

El déficit fiscal rondará el 10 %, una cifra alarmante en el marco de nuestra débil contextura fiscal. Los llamados a disminuir el gasto no pueden estar más justificados si nacen del legítimo desvelo por el bienestar del país, ni ser más dañinos si carecen de sinceridad. Hoy, en el Congreso, los dobles discursos no podrían ser más evidentes. La Asamblea volvió a la viciada política del pasado y es hora de decirlo con claridad, así como mereció reconocimiento cuando rompió, durante un par de años, con las mezquindades de antaño.

Si el gobierno plantea recortar el 15 % de los salarios de funcionarios con sueldos superiores a ¢1,5 millones, Luis Fernando Chacón, jefe de la fracción liberacionista, se manifiesta preocupado por el efecto de la medida en la recaudación del impuesto sobre la renta y las cuotas obrero-patronales pagadas a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¡Brillante! En la cavilación del diputado podría estar la solución del problema fiscal y el financiamiento de la seguridad social. Lejos de recortar salarios, el Estado debería aumentarlos, asegurándose de no dejar ninguno por debajo del mínimo exento. ¡La Caja estará boyante y también las arcas de Hacienda!

Pero si el gobierno propone gravar con el impuesto sobre la renta el salario escolar, aprovechando la definición jurisprudencial de ese beneficio como salario, ahí está la diputada de Restauración Nacional Xiomara Rodríguez para oponerse, aunque los proponentes procuren endulzar la medida con la posposición del IVA sobre la canasta básica.

Rodríguez y su fracción tampoco están de acuerdo con reducir en un 15 % los salarios públicos más abultados. A la diputada le preocupa una contracción de la economía por pérdida de capacidad adquisitiva de los empleados públicos. Su argumento completa la tesis de Chacón y agudiza la añoranza de un generoso aumento en el sector público. Amén de resolver la crisis fiscal y financiar a la Caja, nos pondría a las puertas de la reactivación económica. Es difícil imaginar por qué los diputados no pensaron en eso cuando aprobaron la suspensión de contratos y reducción de jornadas en el sector privado, donde labora la gran mayoría de costarricenses.

Para no caer en obvias necedades y siempre negarse a la reducción salarial, los socialcristianos confían en un proyecto de su jefe de fracción, Rodolfo Peña. Propone cobrar a los empleados públicos y pensionados una “contribución solidaria” del 25 % sobre el exceso de ¢1,5 millones, después de pagar renta y cargas sociales.

A simple vista, la propuesta generaría ingresos significativamente menores, sin mencionar que el cobro se haría únicamente durante tres meses. No importa, lo que cuenta es fingir la presentación de una alternativa para oponerse al planteamiento del gobierno sin exponerse a la crítica. Según la diputada María Inés Solís, ese proyecto es “el adecuado”, y el planteamiento del Ejecutivo no pasa de ser un “mamarracho”. No obstante, el proponente, a la sazón jefe de fracción, no sabe a cuánto ascendería el ahorro. Cuando se le preguntó, confesó no tener números. Si no los tiene él, mucho menos los tendrá el resto de la bancada.

Liberación también cuenta con Ana Lucía Delgado para encontrar defectos en las propuestas del gobierno sin molestarse en ofrecer opciones. El nuevo proyecto de presupuesto reduce ¢328.000 millones, pero el efecto neto del recorte es de ¢196.000 millones porque hay nuevas erogaciones, ordenadas por los diputados, para enfrentar la pandemia. La legisladora encuentra en la discrepancia una razón para cuestionar el plan de gastos.

Ni Liberación ni la Unidad tolerarán, además, la reducción de las transferencias a las municipalidades propuesta por el gobierno, ni siquiera después del proyecto de ley aprobado para eximirlas de la regla fiscal y citado por Standard & Poor’s como elemento de la rebaja en nuestra calificación de riesgo.

El congelamiento del pago de anualidades en el sector público no entrará en vigor este año. Tampoco hay certeza de la aprobación en el plenario, aunque ayer fue dictaminado, luego de un inicial rechazo que se limitó a señalar los errores y cruzar los brazos para esperar las enmiendas del Ejecutivo. Al final se aprobó con cambios propuestos por la liberacionista Silvia Hernández, lo cual demuestra que los ajustes pudieron hacerse, desde el principio y con celeridad, en sede legislativa.

El Congreso juega a la política al borde del precipicio. Si caemos, no debemos olvidar a los jugadores. El dolor será demasiado para no tenerlos presentes.