8 abril

La Contraloría General de la República asumió ayer, con sus actuaciones, entera responsabilidad por la paralización de la Circunvalación norte, obra esperada durante 40 años por la ciudadanía sometida a los exasperantes embotellamientos del área metropolitana. La construcción no puede continuar por la ridícula suma de ¢2,2 millones, faltantes no porque el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dejara de presupuestarlos, sino porque el costo de la supervisión se fijó en dólares y el tipo de cambio varió durante el proceso de aprobación de la prórroga del contrato.

El 2 de febrero el Conavi certificó la disponibilidad de ¢815,4 millones para pagar los servicios del supervisor durante el resto del año. El dinero corresponde a una transferencia de $1,3 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que financia el proyecto. El 16 de marzo la Contraloría señaló que la conversión de $1,3 millones al tipo de cambio de esa fecha (¢612,8) resultaba en ¢816,2 millones. ¡Faltaban ¢800.000!

Circunvalación norte el 6 de marzo del 2021.
Circunvalación norte el 6 de marzo del 2021.

Un día después el Conavi entregó una nueva certificación para asegurar la disponibilidad de ¢816,6 millones, pero el tipo de cambio volvió a variar y, de nuevo, la Contraloría encontró falta de contenido presupuestario para ampliar el contrato de $1,3 millones. ¡Ahora echaba de menos una suma mayor: ¢2,2 millones!

Esos $3.614,02, si el tipo de cambio no ha variado entre la redacción de este editorial y su publicación, paralizaron una obra de $163 millones, cuya inauguración a fin de año contribuiría significativamente a mejorar la calidad de vida y la economía. Hay cientos de trabajadores a punto de perder el empleo, y el costo directo de mantener la obra estancada, siquiera un día, supera en mucho los ¢2,2 millones que pronto aparecerán si nuestra sociedad no ha enloquecido por completo.

Pero a la Contraloría no parece importarle el resultado, sino la letra de la ley aplicada con el criterio más estrechamente burocrático. Dura lex, sed lex proclamará como tantos lo han hecho para justificar la arbitrariedad cuando encuentran sustento en un texto legal; sin embargo, la ley y su aplicación no pueden desentenderse de la razón, y la decisión de la Contraloría es irracional.

Cuando este diario llamó al gerente de la División de Contratación Administrativa para ahondar en las razones de la decisión, se molestó y cortó la llamada. Quienes viven de pedir explicaciones y exigir transparencia en la Administración Pública no se sienten comprometidos a predicar con el ejemplo.

Para evitar nuestras preguntas, la Contraloría remitió a un video del funcionario. Ese recurso, lamentablemente ensayado por políticos de varios partidos, es inaceptable en una sociedad democrática cuyo postulado es la rendición de cuentas del funcionariado y demás actores de la vida pública, no la transmisión unilateral de sus justificaciones. Si no hay posibilidad de repregunta, no hay rendición de cuentas. Por eso, La Nación tiene la política de ignorar comunicaciones de ese tipo, salvo que las circunstancias impongan otra conducta.

La Contraloría, cuya función hemos defendido de constantes ataques de gobernantes empeñados en debilitar justos mecanismos de control, se inflige un grave daño con decisiones como esta. En este caso, tienen toda la razón quienes la acusan de constituir un impedimento burocrático al desarrollo. Llevados por nuestra inclinación natural y las incompletas explicaciones de la Contraloría, cuando primero se informó de la paralización de las obras, adjudicamos, en el editorial del martes, la responsabilidad al Conavi. Nuestras sinceras disculpas.