Las 30 visitas a la Asamblea Legislativa de los sospechosos de integrar una banda dedicada al narcotráfico y lavado de dinero mediante el desarrollo inmobiliario demuestran la cuestionable práctica de muchos diputados de inmiscuirse en iniciativas privadas, ajenas a su cargo, so pretexto de promover la ejecución de proyectos de beneficio para sus regiones.
No obstante, Óscar Cascante, de la Unidad Social Cristiana, llevó al extremo su relación con la sofisticada organización, sospechosa de invertir unos $20 millones producto del narcotráfico, según el Organismo de Investigación Judicial. El legislador recibió, cuando menos, 13 de la treintena de visitas y acompañó a los ahora investigados en varias gestiones ante organismos gubernamentales.
Los proyectos promovidos con el apoyo de Cascante no se limitan a la región representada por él ni consisten exclusivamente en proyectos de vivienda. El legislador puntarenense abogó por la construcción de un hotel valorado en $12 millones en Limón, al otro lado del país. Las reuniones organizadas con su asistencia sirvieron para impulsar iniciativas de vivienda en Purral de Goicoechea y Liberia, Guanacaste, además de Esparza de Puntarenas.
Con ese fin, el legislador organizó una cita entre los ahora detenidos, el director de Banca para el Desarrollo Social del Banco Popular y el asesor de la gerencia general de esa entidad financiera. Los convocó para conversar sobre asuntos legislativos relacionados con el Banco y «otros propios de su zona de representación», pero «cuando los funcionarios llegaron al despacho», los sorprendió la presencia de dos de los ahora investigados. Frente a ellos, el legislador preguntó por qué se les devolvió, con señalamiento de defectos, la documentación del proyecto de Purral. También inquirió sobre el financiamiento de iniciativas respaldadas con bonos de vivienda y mencionó planes en Esparza y Liberia.
Seis días antes, había conseguido a los sospechosos una reunión con el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Dagoberto Hidalgo, a quien expusieron por lo menos tres proyectos de vivienda social en Liberia, Goicoechea y Esparza. También mencionaron su intención de desarrollarlos con el Banco Popular, como entidad financiera autorizada para tramitar bonos de vivienda.
Igualmente extrañas son las insistentes gestiones de Cascante en favor del proyecto hotelero limonense. En el 2019, concertó una cita con la entonces ministra de Turismo María Amalia Revelo para convencerla de colaborar en la solución de un impedimento al uso de la calle de acceso al hotel. La infraestructura se levantaría entre Portete y Moín, pero, según los planos, la vía está en una propiedad del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La gestión no rindió frutos y el 2 de marzo, al finalizar una reunión con el presidente, Carlos Alvarado, sobre los proyectos de ajuste fiscal acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado intercedió por el plan hotelero. Expuso la necesidad de declarar calle pública el terreno que un particular donaría a la Municipalidad de Limón luego de resolver las diferencias con el ICT. Con ese fin, pidió al mandatario colaborar en la gestión ante la entidad turística.
La petición fue remitida al ministro de Turismo, Gustavo Segura, quien se limitó a señalar que si un particular dona un terreno, el ICT no tendría inconvenientes, salvo un traslape de planos entre la donación y la propiedad del Instituto. La respuesta no satisfizo al legislador, quien pidió «una nota más contundente», pero el departamento legal del ICT no la consideró procedente. Posteriormente, el socialcristiano insistió ante el mandatario en que la Municipalidad de Limón requería que «el ICT indicara con mayor claridad que no se oponía a la declaratoria de calle pública».
La multiplicidad de gestiones emprendidas por el diputado Cascante, la diversa naturaleza de los proyectos, su ubicación geográfica, la insistencia del legislador y la cantidad de visitas recibidas exigen una investigación a fondo. Por lo pronto, la Unidad Social Cristiana, responsable de llevarlo a la curul, debe fijar posición en relación con los hechos. El Congreso se ha mostrado reacio a legislar sobre la conducta de sus integrantes y establecer procedimientos adecuados para el examen ético de sus actuaciones. El caso de comentario es un motivo más para hacerlo con detalle y sin dilación.