EscucharEl fenómeno de la “revictimización” de quienes sufren agresiones sexuales en pocos casos está tan claro como en el Ministerio de Educación Pública (MEP). Es, asimismo, más indignante porque las víctimas son menores de edad y los victimarios son personas a quienes se les confía la formación de la niñez.
Dahiana Chacón, de la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, encargada de tramitar las denuncias, admite las iniquidades del proceso de investigación utilizado hasta ahora. Primero, la unidad a su cargo conducía averiguaciones a lo largo de unos tres meses, con participación permanente de la víctima, obligada a relatar los hechos en varias oportunidades.
Aunque los investigadores del MEP encuentren mérito en la acusación, no pueden ejecutar el despido si el docente está nombrado en propiedad. La vía expedita solo está abierta cuando se trate de interinos. El expediente del propietario de la plaza se traslada al Tribunal de Carrera Docente, donde se revisa si el proceso estuvo apegado a la legalidad, en cuyo caso se autoriza al MEP a gestionar el despido ante el Tribunal del Servicio Civil. Ahí, el procedimiento comenzaba desde cero, con un nuevo viacrucis para las jóvenes víctimas. Mientras tanto, los funcionarios acusados eran trasladados a otras dependencias del MEP.
Las implicaciones de ese estado de cosas son graves. Por un lado, el traslado a otra dependencia es, simplemente, un traslado del riesgo a otro escenario donde hay víctimas potenciales, dice el ministro Edgar Mora. Peor todavía, el costo y engorro del proceso obligaba a las víctimas a desistir. Absueltos por falta de pruebas, los acusados volvían a sus puestos.
Niños y jóvenes de zonas rurales eran convocados a primera hora de la mañana para rendir testimonio, una vez más. Sus familias debían asumir el costo de trasladarse a la capital un día antes para hospedarse en ella y llegar puntuales a la cita. Para entonces, ya habían declarado en varias oportunidades y estarían hartas de hacerlo.
La más grave consecuencia de esa ruta de espinas no es la injusticia de dejar tan abominables abusos sin castigo. La peor consecuencia es la perpetuación del riesgo para otros menores. Por eso, merece aplauso la instrucción girada recientemente por el ministro a la Unidad de Procedimientos Especiales para cesar de trasladar a los acusados y más bien suspenderlos mientras dura el procedimiento. Se les pagará salario en tanto no sean detenidos, pero no estarán cerca de otras posibles víctimas.
Más importante aún es el nuevo criterio del Tribunal del Servicio Civil para abandonar la práctica de analizar los casos desde cero. En adelante, el proceso se basará en el expediente de la investigación conducida por el MEP. Habrá más celeridad y menos presión sobre la víctima, pero el docente nombrado en propiedad siempre disfrutará de su salario mientras dure el proceso.
La pregunta es si las medidas adoptadas y sus indiscutibles beneficios son suficientes. Cuando un expediente llega al Tribunal del Servicio Civil es porque el MEP determinó la necesidad de ejecutar el despido, pero esa conclusión solo se ratifica en el 60 % de los casos. Cuatro de cada diez acusados vuelven a sus labores pese a la pérdida de confianza de las autoridades educativas.
Las absolutorias y archivo de las denuncias pueden ser producto del desistimiento del denunciante o, simplemente, de la aplicación del principio de favorecer al acusado cuando hay duda. Es necesario repensar esas soluciones. Cuando el error implica riesgo para menores de edad inscritos en el sistema educativo, la duda debe favorecer a los estudiantes y ningún proceso debe anular, por formalismos, las conclusiones del propio MEP.
