6 septiembre

La moción de un grupo de diputados para investigar las inversiones de la Caja Costarricense de Seguro Social en bonos del Grupo Nación y otras entidades financieras es motivo de satisfacción. Solo una indagación formal puede poner fin al torrente de distorsiones y falsedades publicadas en días recientes.

El Grupo Nación, como principal blanco de esos ataques, será también el principal beneficiario de las indagaciones de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, pero ese no es el motivo de nuestro apoyo a la iniciativa. A fin de cuentas, el ataque contra un emisor responsable es un asalto contra el sistema financiero como un todo y el interés público demanda preservar la confianza en ese vital sector de la economía.

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Los bonos de la Caja

En otras oportunidades, cuando la Asamblea Legislativa y la propia comisión de ingreso y gasto plantearon investigaciones carentes de sentido, las criticamos por el innecesario desgaste del organismo, el desperdicio de recursos y el enrarecimiento de la atmósfera política. En este caso, no invocamos esas razones. Si bien los hechos son claros y la investigación a primera vista innecesaria, el desarrollo del sistema financiero exige despejar toda duda sobre sus regulaciones y funcionamiento. Existe, pues, amplia justificación para el esfuerzo de esclarecer los hechos.

El Grupo Nación nunca ofreció bonos a la Caja ni a ningún otro inversionista. Tampoco supo, porque la ley lo impide, quién compró los bonos en última instancia. Las instituciones públicas y los fondos de pensiones deben revelar las transacciones a posteriori y la única forma de constatarlas es revisando sus informes financieros. Hoy sabemos, gracias a los estados auditados de la Caja, que las adquisiciones de bonos se dieron, en su gran mayoría, a finales de la administración Chinchilla, con dos compras menores a inicios de la de Luis Guillermo Solís.

Para el emisor, la identidad de los compradores es intrascendente porque con todos asume las mismas obligaciones. En la mayoría de los casos, no tiene posibilidad alguna de identificar a los inversionistas porque no están obligados a revelar sus operaciones, como eventualmente deben hacerlo las entidades públicas. Esos inversionistas privados permanecen bajo el velo del secreto bursátil aun después de la compra.

En cuanto a los bonos adquiridos por la Caja y otras entidades, la colocación se hizo por el sistema de suscripción en firme. En esa modalidad, el puesto de bolsa adquiere los bonos con descuento, los paga y los coloca sin intervención ni interés del emisor en las transacciones subsiguientes.

Son los puestos de bolsa los encargados de alertar a sus clientes —inversionistas privados e institucionales— sobre la oportunidad de invertir. Son ellos los transmisores de información oficial sobre la calificación del emisor y las características de la emisión, y si conviene a la política de inversión de sus clientes o no. El emisor es tan ajeno a la identidad de los inversionistas que paga principal e intereses por vía de un intermediario, también operador regulado del sistema financiero.

Los inversionistas institucionales conforman comités para evaluar el riesgo y la conveniencia de cada colocación. La Caja tiene un robusto mecanismo interno sobre el cual podrá extenderse el gerente de pensiones, uno de los convocados a declarar si se aprueba la moción.

Pero también es robusta la regulación general del mercado de valores, comenzando por una superintendencia de bien ganado prestigio. La Sugeval ejerce estrecha supervisión de las transacciones. Existe, además, el riguroso marco proporcionado por la normativa de la Bolsa Nacional de Valores.

La intervención de puestos de bolsa, también con obligaciones impuestas por ley, así como de las calificadoras de riesgo, completa las salvaguardas de un sistema moderno y necesario para el desarrollo del país. Entre sus defectos no está la falta de regulación, sino la poca profundidad del mercado, así como el limitado número de emisores privados de bonos o acciones. Si no se aclaran, las distorsiones y falsedades de los últimos días podrían desincentivar a otros de participar en el mercado bursátil.

A falta de anomalía alguna, existe el riesgo de que la investigación se convierta en espectáculo político, dirigido a causar daño en el transcurso de los procedimientos, aunque las conclusiones no puedan ser más que la constatación de las correctas actuaciones de todos los involucrados. Es preciso correr el riesgo. Si la inversión en un emisor calificado AAA es anómala, el juicio recaería sobre todo el sistema con consecuencias imprevisibles.