Editorial

Editorial: Inversión impostergable

Con los fondos existentes, es posible completar el proyecto de alcantarillado sanitario en un 80 %; el 20 % restante exige $175 millones de financiamiento difícil de obtener de fuentes externas o cooperación internacional.

El alcantarillado sanitario es la Cenicienta de la infraestructura. Es invisible y, a diferencia del agua potable, cuyas tuberías también permanecen ocultas, no provee un bien tangible, indispensable para la vida. Pero es un servicio igualmente imprescindible, aunque sea fácil olvidarlo, como lo ha hecho el país a lo largo de décadas.

La recolección y tratamiento de aguas residuales es una materia pendiente, con mayor motivo teniendo en cuenta que es fácil postergarla por la invisibilidad de las consecuencias mientras no nos fijemos en los ríos a cuyos caudales contaminados nos hemos venido acostumbrando. Sin embargo, el paso del tiempo nos acerca a situaciones cada vez más críticas y exige soluciones.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) puso manos a la obra para desarrollar un proyecto ambicioso, aunque insuficiente, en relación con lo monumental del reto creado por décadas de mala planificación y descuido. Se trata de la construcción, rehabilitación y extensión de la red de alcantarillado sanitario para recoger las aguas residuales de 11 cantones del área metropolitana y transportarlas a la planta de tratamiento instalada en Los Tajos de La Uruca.

La construcción comenzó en el 2016 y pronto chocó con dificultades imprevistas. Para comenzar, los planos del alcantarillado están desactualizados y no se corresponden con la realidad. El proyecto lleva más de una década en trámite y son muchas las conexiones ilegales e invasiones de terrenos hechas en ese lapso y en los años previos. También hay imprevistos de orden natural, como los suelos excesivamente rocosos.

Sumadas, esas dificultades encarecen la obra al punto de dejarla sin financiamiento. Con los fondos existentes, es posible completar el trabajo en un 80 %, pero esa cifra refleja una situación demasiado optimista. Sin la red completa, buena parte de las aguas no van a llegar a la planta de tratamiento y el propósito de la inversión, incluidos los fondos destinados a construir la planta, se verían frustrados.

El AyA comenzó ya a explorar parches y soluciones de emergencia, como dar prioridad a la rehabilitación de más de 1.500 kilómetros de tuberías fuera de servicio, lo cual elevaría el uso de la planta al 75 % de su capacidad. Es una mejora significativa en contraste con el 16 % actual, pero en este campo el país no puede darse el lujo de seguir posponiendo las soluciones idóneas.

Rescatadas las viejas tuberías, el dinero probablemente alcance para otro 5 % de avance. El 20 % restante exige $175 millones de financiamiento difícil de obtener de fuentes externas o cooperación internacional. Ambas fuentes de recursos ya aportaron el grueso del dinero gastado hasta ahora. Es urgente encontrar los recursos y el AyA piensa pedirlos a los bancos del Estado.

Marco Fidel Vargas, encargado de la unidad ejecutora del proyecto, descarta la posibilidad de financiarlo mediante la tarifa porque el servicio se encarecerá en demasía. Sin embargo, las tarifas de agua y alcantarillado en nuestro país son más bien bajas en comparación con otros mercados y hay espacio para una mayor participación de los usuarios en el financiamiento de obras tan indispensables.

En un artículo publicado por este diario a finales del 2015, Francisco Angulo, investigador del recurso hídrico para el Programa Estado de la Nación, comparaba el costo promedio de un metro cúbico de agua (¢556) con el precio de medio litro de agua embotellada, ¢550 en aquel momento. La situación no ha cambiado mucho desde entonces. El AyA necesita los recursos para mejorar sus dos funciones vitales: el suministro y el saneamiento.

Persistir en la cortedad de visión redundará en más costos en el futuro cercano. También, el gobierno debe compartir la meta de concluir el proyecto ya comenzado. Dejarlo para más adelante es correr el riesgo de condenar al olvido la quinta parte que falta, en demérito de la inversión hecha en el 80 % acabado.