Costa Rica es país de tránsito y almacenamiento de drogas ilícitas destinadas a los Estados Unidos y Europa. Poderosos carteles del sur y el norte han hecho sentir su presencia en territorio nacional y los decomisos de embarques marítimos, terrestres y aéreos van en aumento; seguro indicador de la intensidad del trasiego y no solo de la mayor capacidad de detección desarrollada por las autoridades.
El problema es bien conocido y se manifiesta en la creciente violencia en zonas donde bandas locales luchan por el control del mercado interno, en buena parte alimentado por cantidades residuales de droga provenientes del tráfico internacional, muchas veces entregado a los colaboradores en pago por servicios prestados.
Por todas esas razones, sorprende la inexistencia de instrumentos legales para clausurar con prontitud las pistas clandestinas de aterrizaje. El problema es de larga data. Ya a finales de los años setenta e inicios de los ochenta las pistas proliferaban para facilitar el narcotráfico y el trasiego de armas en la convulsa Centroamérica de la época. El negocio llegó a ser redondo, con las mismas naves y tripulaciones dedicadas a llevar drogas hacia el norte y regresar con armas para ser utilizadas en los conflictos del sur.
Las tensiones políticas y militares de aquel momento pasaron, pero el narcotráfico siguió su curso, aun después de la caída de los grandes carteles colombianos y sus capos. Organizaciones menores y más ágiles entraron al negocio, y en México se formaron otras de gran tamaño y poderío. Cambios en las políticas de erradicación de sembradíos y el incremento del espacio dedicado al cultivo en el norte de Suramérica incrementan la oferta y abaratan la droga.
A lo largo de tantos años, en Costa Rica, la policía se ha visto obligada a cruzarse de brazos ante la existencia de los campos de aterrizaje irregulares. Cuando mucho, puede notificar al propietario del terreno y pedirle inutilizar la pista; sin embargo, no hay sanciones por desobediencia ni las autoridades están facultadas para ingresar a la propiedad con el fin de inhabilitar las instalaciones irregulares.
En este momento, el Ministerio de Seguridad Pública sabe de 156 pistas clandestinas en el país y convive con ellas, conociendo su ubicación exacta y la identidad de los propietarios. Incluso, cuenta con fotografías. El inventario fue posible con el uso de la tecnología satelital en el marco de programas de cooperación con autoridades estadounidenses y panameñas.
Con décadas de tardanza, la Asamblea Legislativa se abocó a subsanar la omisión gracias a una iniciativa de la diputada independiente Zoila Volio. El proyecto de ley permitirá a la Fuerza Pública, la sección de Vigilancia Aérea y las municipalidades cooperar para inutilizar las pistas clandestinas. El plan, aprobado en primer debate, autoriza sembrar árboles, abrir zanjas y hasta emplear dinamita cuando sea necesaria para inutilizar las instalaciones. La dinamita solo podrá ser utilizada cuando la tarea se cumpla fuera de áreas protegidas.
Es imposible librarse por completo del narcotráfico, pero mucho puede hacerse para incomodar sus operaciones. Negar a los traficantes la posibilidad de aterrizar en nuestro territorio es indispensable, tanto como el patrullaje de las costas, hecho en conjunto con países amigos. La eliminación de las instalaciones clandestinas es un elemento tan importante de la estrategia contra el trasiego ilícito como para preguntarnos por qué hemos tardado tanto, además de celebrar la iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso.