La Nación ha publicado infinidad de informaciones sobre terribles deficiencias en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), un despacho estratégico para el desarrollo de la enseñanza. Junto con la salud, la educación es altísima prioridad de la sociedad costarricense, pero los encargados de dotarla de infraestructura son funcionarios “despreocupados”, con ¢141.000 millones ociosos en caja y 600 centros de enseñanza sobre los cuales pesan órdenes sanitarias.
La Auditoría del MEP no escatima adjetivos para describir el ambiente laboral. Hay funcionarios sin compromiso y desmotivados, incapaces de procurar los objetivos institucionales. Esos fines no son poca cosa. La DIEE y sus 119 funcionarios, muchos de ellos ingenieros y arquitectos, tienen a cargo la construcción y mantenimiento de las escuelas y los colegios del país.
La propia Auditoría identifica una maraña de trámites irrelevantes, rivalidades y lagunas de comunicación entre departamentos. Por el espesor de ese ambiente burocrático transitan los proyectos de reparación y construcción hasta completar la visita a ocho departamentos de la DIEE. Problemas personales impiden el traslado de información necesaria para dar continuidad a las iniciativas y, como si no les pagaran por la consecución de objetivos comunes de gran trascendencia social, muchos funcionarios simplemente no se hablan.
Mientras eso ocurre, este diario ha dado cuenta del mal estado de al menos un 12 % de los centros educativos. En ellos, el Ministerio de Salud detectó deterioro de la infraestructura —en algunos casos con riesgo para docentes y alumnos—, sanitarios en mal estado y deficiencias en la evacuación de aguas residuales. En algunos colegios, temen el desprendimiento de elementos estructurales, hay cables eléctricos expuestos y olores provenientes de zanjas insalubres. Muchos carecen de cercas y muros necesarios para garantizar la seguridad.
El propio DIEE calcula en 30 años el rezago de la infraestructura educativa, pero es incapaz de contribuir al impulso de proyectos vitales. A siete años del terremoto de Nicoya, decenas de centros educativos están urgidos de reparaciones y, en algunos casos, los estudiantes todavía asisten a clases en recintos improvisados, pese al decreto de emergencia emitido apenas pasó el sismo.
Tanta incapacidad indujo al MEP a explorar otras vías para ejecutar obras y reparaciones. Entre esos mecanismos están los procesos de contratación abreviados, originalmente aplicados a obras menores, pero utilizados cada vez más para evitar las trabas burocráticas a costa de la transparencia y los controles. Las contrataciones abreviadas, a cargo de las juntas de educación, se emplearon en el 95 % (175 de 184) de los proyectos impulsados por el DIEE en el 2017 y ya hay polémica por sobreprecios, retrasos, obras defectuosas e inconclusas.
Solo nueve proyectos ejecutados en el 2017 se hicieron por el procedimiento ordinario a cargo de los ingenieros del MEP. El DIEE no logra hacerse cargo de las contrataciones ordinarias y tampoco garantiza el resultado de las abreviadas. A juzgar por la reciente auditoría, las razones no pueden ser más obvias. El único enigma es la persistencia del problema luego de tantos años e insistentes denuncias. En juego está la formación de jóvenes y niños, así como su salud, en un país donde la inversión educativa ronda el 8 % del producto interno bruto, pero el dinero no alcanza para dotar a los centros educativos de servicios sanitarios. Vistas las necesidades de los educandos, los comportamientos identificados por la Auditoría del MEP resultan inaceptables. No debe haber más tolerancia. Nunca debió haberla.