La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) merece reconocimiento por la vigilancia ejercida sobre el proceso de vacunación, cuya integridad es una altísima prioridad nacional. Nada debe restar credibilidad a ese esfuerzo, indispensable para superar la pandemia.
El ritmo de la inmunización aumenta con la disponibilidad de mayor número de dosis. Vencida en buena parte la barrera del abastecimiento, es preciso estar atentos al surgimiento de otros obstáculos, como la desconfianza. Por eso, es encomiable la decisión de los auditores de acudir al Ministerio Público para denunciar supuestas anomalías en la vacunación de los bomberos.
No debe haber contemplaciones, aun si la irregularidad se presenta en una institución tan querida por sus abnegados servicios a la sociedad. Tampoco puede haber tolerancia a los abusos en los centros de vacunación y la Fiscalía debe actuar con celeridad para dejarlo en claro.
LEA MÁS: Así se ve la curva de casos confirmados de covid-19 en Costa Rica al 11 de junio
El Ministerio Público no dio detalles sobre las irregularidades en la vacunación a los miembros del Cuerpo de Bomberos, pero ya sabemos de por lo menos una anomalía confirmada: la inoculación del presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Róger Arias Agüero, durante una jornada exclusiva para bomberos, en enero, a 12 días de iniciada la campaña de vacunación. Arias renunció inmediatamente después de publicada la noticia en este periódico.
También está confirmada la vacunación, en enero, de cinco miembros de la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos, y las declaraciones del director de ese organismo, Héctor Chaves, apuntan a muchos casos más. Según el funcionario, vieron la institución de forma «integral» y, por eso, decidieron vacunar a todo el personal.
Sin los administrativos, informáticos y mecánicos, entre otros, los bomberos no podrían cumplir su labor, dice Chaves. Lo mismo vale para otras empresas e instituciones proveedoras de servicios esenciales. El Ministerio de Seguridad Pública no puede funcionar sin personal administrativo, pero la orden fue vacunar a la policía, no a los encargados de cómputo, y mientras las vacunas escaseaban, a nadie se le ocurrió vacunar al personal de los supermercados pese a su constante contacto con el público.
Por ende, tampoco son de recibo las razones esgrimidas por el director del Cuerpo de Bomberos en cuanto a la supuesta falta de claridad de las políticas vigentes cuando se inició la campaña de vacunación. La directriz era inocular al personal asistencial de primera línea, además de los adultos mayores.
Si en algún momento fueron diáfanas las prioridades, fue al comienzo de la campaña, cuando había conciencia de la escasez de vacunas y la enormidad de la demanda. Esas políticas no dejaban espacio para dudar de la inelegibilidad de un oficinista, no importa cuán importante fuera su labor para el funcionamiento de la entidad donde presta servicios.
Si los miembros de la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos fueron vacunados en nombre de esa visión «integral», no hacen falta más argumentos para señalar la distancia entre lo ocurrido y las políticas vigentes en aquel momento. No hacía falta una lista detallada de exclusiones, sino la afirmación precisa de las categorías de personas elegibles, y eso existió desde el primer instante.
Héctor Chaves es un funcionario dedicado y eficiente, pero en este caso sus argumentos carecen de sentido y su actuación fue errada. Debemos lamentar que el incidente se diera en el Cuerpo de Bomberos, pero es preciso sentar responsabilidades dondequiera que se proyecten sombras sobre la campaña de vacunación.