Una serie de hechos ocurridos en semanas recientes, con impacto en la posición del país en los mercados crediticios internacionales, han puesto nuevamente de manifiesto dos realidades obvias que, sin embargo, pareciéramos haber desdeñado en medio del fragor electoral. La primera es que no estamos solos en el mundo; al contrario, interactuamos intensamente con un sistema internacional de naturaleza múltiple, con mucha información y sumamente sensible en sus reacciones a lo que ocurre en el país. Esto es particularmente relevante en su dimensión financiera. La segunda es que las decisiones nacionales (o la falta de ellas) son clave para incidir en las percepciones y expectativas de los actores económicos internacionales. Por desgracia, en los casos a que nos referimos, las reacciones negativas son justificadas.
El jueves de la pasada semana, la agencia evaluadora de riesgo Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia de nuestro país de BB+ a BB “con perspectiva estable”. En meses previos, sus principales competidoras, Moody’s y Standard & Poor’s, habían tomado decisiones similares, con lo cual, desde el punto de vista de los mercados internacionales de crédito, la deuda emitida por nuestro Gobierno ha pasado a la categoría especulativa.
En los tres casos, las razones del descenso no tienen relación directa con el desempeño de nuestra economía, sino de la política: la incapacidad para alcanzar un acuerdo que contenga la creciente crisis fiscal y las pocas expectativas de que pueda lograrse a corto plazo. Esto condujo a que, anteayer, Moody’s emitiera un comunicado donde alerta a los inversionistas sobre las dificultades de un próximo gobierno para lograr tal acuerdo.
También anteayer, las variables políticas –en este caso electorales– asestaron un golpe más a las percepciones sobre nuestra posición crediticia. Tras la divulgación de una encuesta que asigna los primeros lugares de apoyo electoral a dos candidatos sin planes ni equipos económicos sólidos o trayectoria negociadora reconocida, el precio de los bonos del país en dólares con vencimiento en el 2023 sufrió su peor caída en ocho meses, esta baja también afectó a emisiones con otras fechas de vencimiento. El principal temor de los mercados es que, si esa tendencia en las preferencias se mantiene y alguno de los dos candidatos llegara a la presidencia, la posibilidad de un arreglo fiscal se torne aún más difícil, por incapacidad técnica y política.
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Tanto la baja en la calificación por parte de las agencias, como la nueva advertencia de Moody’s y la caída en los precios de los bonos, obligarán a ofrecer mayores rendimientos para captar dinero; es decir, incidirán directamente en un encarecimiento del crédito, con negativo impacto en el déficit, la actividad productiva y las deudas de los hogares. Esto hará más difícil la tarea económica y fiscal del nuevo gobierno y resalta con cierta urgencia la necesidad de que, en este proceso electoral, los costarricenses tomemos muy en cuenta este y otros tipos de retos nacionales a la hora de emitir nuestros votos.
Todos los países necesitan de los mercados y capitales internacionales, pero todavía en mayor medida los pequeños, como Costa Rica. Así ha sido desde que nacimos a nuestra vida independiente, y se ha acelerado gracias a nuestra exitosa inserción en los procesos de globalización. Para mantener y, ojalá, impulsar aún más los beneficios obtenidos, tenemos que ser un socio confiable y atractivo. Esto implica no solo impulsar la calidad de nuestro capital humano, facilitar los trámites, mejorar infraestructura, abrir mercados y mantener la estabilidad macroeconómica. También requiere garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad política, la independencia de los poderes, la tolerancia social, la seriedad y competencia de los gobernantes y la capacidad de los actores y el sistema político para tomar e implementar decisiones acertadas.
Que, tal como lo demuestran las acciones de las agencias calificadoras y la reacción de los mercados ante los resultados de una encuesta, hayan surgido serias dudas sobre algunos de los aspectos anteriores, debe ser una señal de alerta para todos. Como ciudadanos no tomamos directamente las decisiones políticas, económicas o sociales, pero sí determinamos quién será la cabeza del Poder Ejecutivo y quiénes los integrantes de la Asamblea Legislativa. Lo que está de por medio es mucho. Es necesario tomarlo en cuenta al emitir el voto.
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