26 agosto

En el mercado financiero (banca, seguros, valores, pensiones) suele mediar la asimetría de información porque la que posee el consumidor suele ser de inferior calidad que la que disponen los suplidores del servicio. Esta característica lo hace candidato a la regulación y la supervisión prudencial del Estado. La normativa aplicable a este mercado se apoya en los denominados “pilares” que van desde los requisitos técnicos para ingreso al mercado (capital mínimo, calidad técnica y reputacional de dueños, directores y gerentes) hasta el suministro de información periódica a los órganos supervisores que permita verificar en todo momento la salud de los entes supervisados (capital de operación, estados financieros al día e información selecta sobre ejecutoria, la liquidez y morosidad, entre otros). Lo anterior coadyuva a la protección del consumidor ante la asimetría de información imperante.

¿Qué fue lo que analizaron el comité de crédito y la asesoría jurídica del banco comercial al conceder un crédito por un monto tan elevado, que ronda los $30 millones, como el que se le otorgó a empresas del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños?

Pero, modernamente, la supervisión prudencial incluye un “tercer pilar”, cual es brindar a los consumidores la información mínima que les permita tomar las decisiones de acuerdo con sus intereses. Para que la información, conforme a este pilar, sea útil, es necesaria la claridad y simpleza de los términos (para que la entiendan sus destinatarios), que sea oportuna y permita la comparación. Una de las funciones importantísimas a cargo de los entes supervisores es periódicamente procurar al mercado este tipo de información.

En el campo de los seguros, cuya apertura a la competencia es relativamente reciente, lo usual en Costa Rica fue conocer solo lo que el Instituto Nacional de Seguros (INS), ente que por muchos años actuó como monopolio, decidiera incluir en sus memorias anuales. Como contaba, y cuenta, con garantía estatal, los consumidores mostraron poco interés en conocer a fondo lo que adquirían. Con la apertura, los participantes en el mercado –en particular los consumidores actuales y potenciales, así como los corredores– necesitan conocer más datos que se ajusten a los requisitos de claridad, comparación y oportunidad mencionados. Sin tales detalles, difícilmente podrán escoger de forma racional.

Desde hace unos meses, los medios de prensa del país informan sobre problemas surgidos con créditos bancarios y un importador de cemento de China. Poco a poco se suplió información de los montos, entes involucrados y otros detalles de interés correspondientes al tercer pilar al cual nos hemos referido en este editorial. Pero un dato que ha permanecido más o menos oculto es el relativo a una póliza de seguros que figura entre las garantías de una peculiar operación crediticia en la cual participó un banco estatal.

Esa información es fundamental porque se trata de una póliza emitida por una aseguradora doméstica cuyo capital es significativamente más bajo que el monto de la cobertura prometida, y, por ende, dependía en alto grado del reaseguro cedido. Como normalmente los asegurados y los beneficiarios tienen relación contractual con su asegurador, pero no con los reaseguradores, muchos de los cuales están domiciliados en el extranjero, entonces, en casos como el señalado, podría mediar una enorme dosis de incertidumbre.

Informa la prensa de que la aseguradora local rechazó el reclamo que le planteó el banco comercial afectado. No se sabe si es porque lo reclamado no cumple con las condiciones de la póliza o si el contrato de reaseguro tenía alguna limitante en ese sentido. Se trata de información clave que el mercado debe conocer.

Si fue que condiciones estándar de la póliza no fueron satisfechas por el asegurado, y ello llevó al rechazo del reclamo, entonces procede preguntar: ¿Qué fue lo que analizaron el comité de crédito y la asesoría jurídica del banco comercial al conceder un crédito por un monto tan elevado, que ronda los $30 millones, como el que se le otorgó a empresas del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños? ¿Será necesario reforzar la educación en seguros en, cuando menos, entidades tan importantes como los bancos estatales y las instituciones autónomas de mayor tamaño, como son la Caja de Seguro Social (CCSS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)?

La Auditoría del Banco de Costa Rica pidió que los responsables de aprobar la operación paguen, de su propio bolsillo, la pérdida que sufrió. A primera vista, lo que podría recuperarse sería solo una pequeña fracción.

Pero, insistimos, en materia de seguros comerciales no vemos todavía los frutos de la labor de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) en pro del tercer pilar, el cual pide dar al consumidor toda la información que le permita tomar decisiones racionales. Sin esos datos, tampoco podrá dotarse de disciplina al mercado.