Toma fuerza creciente en muchas entidades del sector público costarricense, en particular las que tienen fuentes de ingreso propias, el argumento de que sus funcionarios deben ganar lo mismo que quienes ocupan cargos “similares” en el sector privado. La idea es poder contratar y retener personal de alta calidad. El resultado es una marcada inflación salarial en las entidades públicas.
El más reciente caso es el del Banco Central, donde doce directores de división tuvieron un alza salarial acumulada durante el período 2015-2018 del 35 %. Sus salarios llegaron hasta los ¢6 millones mensuales, en promedio (“Salarios del Central suben más por ajustes en la banca”, La Nación, 22 de enero del 2017).
Es indisputable el principio de que a similares responsabilidades y requisitos debe corresponder un pago comparable. Si el sector público no se pone a tono y paga salarios demasiado bajos, se arriesga a quedarse sin buenos servidores y el nivel del servicio público podría sufrir. Sin embargo, es legítimo preguntarse, por ejemplo, si un cargo en el Banco Central implica iguales responsabilidades y enfrenta los mismos riesgos que uno en la banca privada. La respuesta en muchos casos es que no.
La mayoría de cargos en el Central más se parecen a los universitarios, cuyas funciones son de investigación y análisis reposado, y no aparejan mayor inestabilidad, como ocurre con los cargos ejecutivos en los entes financieros privados, obligados a cumplir metas de desempeño periódico y, por tanto, en riesgo de ser despedidos si incumplen. Basta con comparar la rotación de personal en uno y otro caso para concluir que los del Central están dotados de mucha más seguridad.
Otro elemento por considerar es que en el ente emisor, como en la mayoría del sector público, muchos cargos se llenan mediante concursos internos y no se exponen a la competencia abierta, como ocurre en el mercado financiero privado.
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Pero la estabilidad en la mayoría de los cargos del sector público no es su única ventaja. Muchos incluyen esquemas privilegiados de pensiones y hasta participación en las utilidades de la entidad, como ocurre en algunos bancos comerciales del Estado. Esas ventajas tienen un claro “valor de mercado” y, por eso, las altas remuneraciones desligadas de la consideración de estos factores reflejan el alto poder de negociación de los funcionarios en lo interno de las entidades, donde jefes y subordinados tienen similares intereses.
Hay que comparar naranjas con naranjas. Los requisitos académicos y de experiencia, las exigencias de desempeño y la estabilidad en el cargo deben valorarse claramente antes de fijar las escalas salariales en el sector público. Una comparación que solo considere la ubicación en el percentil 50 del mercado financiero de referencia, como es el caso en el Banco Central, deja mucho que desear.
La justificación brindada por el gerente del Banco Central (“aumentos son por salario de mercado”) es similar a las que se dan en el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad, las superintendencias y otras entidades públicas con ingresos garantizados. Hubo un tiempo cuando, a cambio de una enorme tranquilidad, estabilidad y los generosos regímenes de pensiones del sector estatal, los funcionarios públicos aceptaron una remuneración inferior a la de quienes podían ser considerados como su contrapartida privada. Hoy, muchos servidores públicos viven en el mejor de los dos mundos: jugosas remuneraciones y beneficios y pocas demandas de ejecutoria.
Las dependencias públicas son intensivas en el uso del factor trabajo. Por eso los costos atribuibles a salarios y pensiones –que en el agregado son muy altos– deben ser objeto de riguroso estudio por la administración y los diputados que serán elegidos en los comicios de este año. Con base en ese estudio, deben adoptarse las medidas correctivas necesarias. Si no se actúa responsablemente, no habrá paquete de impuestos capaz de hacer frente al crecimiento del gasto público y al déficit fiscal.