La reforma fiscal entró en vigor a partir de su publicación en La Gaceta y la independencia del Poder Judicial sigue incólume. La Corte Suprema de Justicia compartirá la suerte financiera de las demás instituciones estatales y de la sociedad costarricense en general, pero cumplirá sus funciones sin injerencias externas. Lo contrario se seguirá llamando corrupción y no dejará de considerarse anomalía.
Dentro de un año y más allá, los primeros en proclamar la independencia del Poder Judicial serán sus funcionarios, comenzando por los jueces. La independencia requerida para hacer valer la ley está en la esencia de la función judicial y es impensable un juez que se confiese comprometido con intereses ajenos a la aplicación de la ley.
Siempre podrá haber debate sobre materias presupuestarias y la suficiencia de los recursos disponibles, pero los funcionarios judiciales reaccionarán ofendidos, con razón, cuando se les acuse de parcialidad aunque el acusador culpe a la regla fiscal o a la regulación de beneficios salariales.
La independencia del Poder Judicial nunca debió figurar en el debate de la reforma fiscal. Para comenzar, está garantizada, en lo financiero, por el artículo 177 de la Constitución Política a cuyo tenor la institución recibe no menos del 6 % de los ingresos ordinarios calculados para el año económico. La nueva ley respeta escrupulosamente ese mandato.
El porcentaje establecido por la Constitución no puede, por su naturaleza, asegurar el monto en términos absolutos. Más allá de los efectos generales de una regla fiscal, los ingresos del Estado se verán afectados por el desempeño económico del país y, en consecuencia, el 6 % resultará en una suma más o menos grande según sea el dinamismo de la actividad económica generadora de ingresos fiscales. No obstante, a nadie se le ha ocurrido vincular la independencia de los jueces con la fortaleza de la economía y seguramente los operadores del sistema de justicia defenderán su confiabilidad aun en momentos de crisis.
En cualquier caso, el plan fiscal, necesario para evitar una crisis según nuestros principales economistas, los observadores extranjeros y la apremiante realidad, es la única vía para asegurar, en el futuro, el crecimiento de los ingresos estatales de donde sale el 6 % del Poder Judicial.
Cuando la Sala Constitucional dice, en respuesta a las consultas enviadas por los diputados, que “el Poder Judicial no es inmune a la realidad financiera del país, ni la división de poderes significa su aislamiento”, no hace más que reconocer una realidad. El precio de ignorarla sería muy alto para el país y la administración de justicia.
En el curso del debate hubo muchas oportunidades para resaltar la importancia del Poder Judicial y su indispensable contribución al régimen democrático. Sin una administración de justicia independiente, puede haber gobierno, pero no democracia. Es absolutamente cierto, pero otras instituciones son igualmente necesarias. La democracia costarricense debe mucho al Tribunal Supremo de Elecciones, creado después de las traumáticas experiencias de los años cuarenta, y en ausencia de un parlamento, también independiente, el régimen democrático es igualmente inconcebible. Asimismo, instituciones de la sociedad civil, como la prensa, son indispensables para la vida en democracia.
La lista es larga e incluye instituciones de todos los ámbitos, desde la seguridad social hasta el aparato productivo. No es válido singularizar a una de ellas como causa de la democracia, sobre todo, para reclamar un antidemocrático régimen de excepción. La democracia descansa sobre un aparato complejo, con muchas piezas indispensables y ninguna de ellas “inmune a la realidad financiera del país”.