EscucharComo reacción a las protestas de los taxistas, ejecutadas mediante el “tortuguismo” desplegado para afectar a quienes transitan por las calles de la capital y alrededores, representantes del gobierno anunciaron su aval al plan para indemnizar a los choferes, con cargo a las finanzas públicas, si la Asamblea Legislativa aprueba una ley para regular la operación de plataformas digitales como Uber. El pago es totalmente improcedente.
Las apps, muchas de las cuales funcionan en teléfonos inteligentes, han demostrado su eficacia para resolver gran cantidad de problemas cotidianos. Algunas soluciones son disruptivas porque obligan a los negocios tradicionales a cambiar su forma de proceder. Los bancos comerciales, por ejemplo, otrora dependientes de registros manuales, demoraban la entrega de información. Luego, pasaron a utilizar sistemas mecanizados y gracias a ello los datos están hoy disponibles en línea. Nadie pensó en una indemnización para los encargados del viejo mecanismo.
Una sociedad no debe oponerse al progreso para evitar que algunas personas se vean obligadas a cambiar de trabajo, como fue el caso de telefonistas y ascensoristas en la década de los cincuenta. En la actualidad, el comercio electrónico (e-commerce) avanza rápidamente para bien de los consumidores y no pocas tiendas de antaño cerraron sucursales físicas o desaparecieron. Locales en centros comerciales y complejos de oficinas quedaron vacíos porque los involucrados debieron buscar otras actividades remuneradas.
Indemnizar a los taxistas porque están dispuestos a hacer tortuguismo o, como dijo uno de sus líderes, porque pueden “colapsar todo el país”, no tiene sentido por al menos dos razones. La primera es que las finanzas públicas pasan por un período crítico, lo cual obliga al gobierno a hacer esfuerzos de contención del gasto a pesar de la oposición de varios sectores, entre ellos, el Poder Judicial y las universidades estatales, y a elevar la carga tributaria a los ciudadanos. Pero la principal razón para no ceder a las demandas de los taxistas es que constituiría una malísima señal en materia de incentivos, pues significa que las tecnologías de punta, las que más cambian el statu quo y más progreso social producen, son vistas como fuente de perjuicios indemnizables. Difícilmente, podrá el país progresar si esas actitudes imperan.
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¿Acaso el gobierno subsidió a las telefonistas desempleadas cuando aparecieron las centrales automáticas? ¿Subsidiaron a los ascensoristas y a los hojalateros? ¿Hubo, con la llegada de los pick-ups, indemnización para los repartidores de leche a caballo? ¿Por qué poner obstáculos a la operación de plataformas tecnológicas como las de Uber y Lift si ofrecen un buen servicio a quienes deben trasladarse con rapidez, y a bajo costo, de un lugar a otro?
La Asamblea Legislativa no debe aprobar una ley reguladora de plataformas de transporte con el único fin de mantener inalterado el negocio de los taxis. No es obligación del gobierno garantizar el éxito de ninguna empresa o su permanencia en el tiempo. Los empresarios deben asumir riesgos porque enfrentan entornos cambiantes para bien o para mal. A cambio, obtienen un beneficio, pero deben estar dispuestos a ajustar sus actuaciones a los embates de la competencia.
Llenar de obstáculos las plataformas de transporte constituiría una torpeza política porque una considerable parte de la ciudadanía ya ha conocido las ventajas de utilizarlas y se ha convertido en defensora de esos nuevos servicios.
