Editorial

Editorial: Incentivos municipales

Los gobiernos locales pagan incentivos inexistentes en otras instituciones, pero las diferencias son también notables dentro del régimen municipal.

Mario Redondo, alcalde de Cartago, promueve una gestión transformadora, pero no ha podido hacer cambios en el exceso de pluses salariales concedidos a los empleados del Concejo. «Es una situación estructural, relacionada con la política de empleo público de este país. Un alto porcentaje del total ejecutado corresponde a anualidades. Es una planilla vieja, con personal de bastantes años», dijo para explicar el exorbitante porcentaje del presupuesto dedicado al pago de incentivos.

El incentivo de antigüedad, obtenido por el solo hecho de estar ahí, sin importar el desempeño del funcionario, y mucho menos la satisfacción de la ciudadanía con sus servicios, representa más de la mitad del 64 % del rubro destinado a pluses: unos ¢2.630 millones.

Con razón el alcalde cartaginés urge la aprobación de una reforma del empleo público y lamenta la «ligereza» imperante en la suscripción de convenciones colectivas, el reconocimiento de quinquenios, las dedicaciones exclusivas innecesarias y el crecimiento desbocado de las planillas «sin considerar que es el pueblo el que paga».

Limón sigue de cerca a Cartago en la lista de ayuntamientos más generosos en el pago de incentivos. El 21 % de los recursos se destina a los pluses de 491 empleados: ¢1.822 millones de un total de ¢8.500 millones. El 39 % del dinero destinado a incentivos es, de nuevo, el premio por estar ahí: ¢716 millones. Sumadas a los salarios base, esas erogaciones alcanzan el 60 % del gasto total, mientras la partida de educación, deportes y cultura fue de ¢40 millones en el 2020.

Los datos publicados en nuestra edición del lunes causan asombro, sobre todo cuando se contrastan las municipalidades dispendiosas con otras, por lo general pequeñas, donde el gasto en incentivos es moderado. En la mayor parte de los casos, las erogaciones no son necesarias ni su existencia guarda relación con la calidad de los servicios.

La solitaria voz del alcalde de Cartago, cuando muchos otros concejos sufren las mismas limitaciones presupuestarias por el desproporcionado gasto en salarios, delata una realidad evidente: los alcaldes son parte del problema, en algunos casos como beneficiarios; en otros, como negociadores o empleadores.

La idea de excluir a las municipalidades o a sus empresas de la ley de empleo público en trámite no ha levantado vuelo. Los abusos en el régimen municipal, dados a conocer en los últimos días, deberían bastar para descartarla. No hay razón alguna para separar los ayuntamientos del resto de la Administración Pública cuando en ellos imperan los mismos excesos y en las funciones no hay mayor diferenciación.

La fragmentación de los regímenes de empleo público, con más de 260 pluses salariales calificados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como «sumamente difíciles de controlar», tiene en las municipalidades un ejemplo. En ellas se pagan incentivos inexistentes en otras instituciones, pero las diferencias son también notables dentro del régimen municipal. No responden a las labores asignadas ni a ningún otro factor objetivo. Ni siquiera el tiempo de permanencia en el cargo se valora de manera uniforme. Es un caos al cual debe ponerse punto final.