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La Contraloría analizó el uso de $2.982 millones en préstamos. (Shutterstock)
La noticia no es que ocurrió, sino que sigue ocurriendo. El Estado se ve en la obligación de pagar $35 millones en multas por la lenta ejecución de obras y programas financiados con créditos internacionales. Titulares muy parecidos dieron cuenta, en el pasado, de este síntoma de la incapacidad de concreción de obras relevantes pese a la disponibilidad de los fondos y el costo de mantenerlos estancados.
El dato sale de un informe de la Contraloría General de la República (CGR) que evaluó la ejecución de 18 préstamos por $2.982 millones en total. Fueron otorgados entre el 2011 y el 2022 por entidades financieras internacionales para financiar infraestructura pública y programas de modernización.
Las sumas son enormes y largo el tiempo transcurrido, pero los desembolsos apenas rondan el 45 %. El dato es asombroso para un país con profundas necesidades de inversión y un presupuesto inferior al 2 % del producto interno bruto (PIB) para desarrollar infraestructura pública en el 2022 y 2023. En el 2021 fue del 2,6 % del PIB.
Las multas castigan los retrasos en las solicitudes de desembolso, pero la causa última está en la incapacidad de ejecutar los proyectos. Si no hay avances en el terreno, no hay razón para solicitar los recursos. Y no es que los proyectos sean de poca monta. La urgencia del programa de Hacienda digital es universalmente aceptada, pero está entre las iniciativas con rezago.
La Contraloría atribuye el retraso al ataque cibernético contra los sistemas del Ministerio de Hacienda y la falta de un director asociado al proyecto, pero el tiempo pasa y no hay noticia del restablecimiento de los sistemas, el nombramiento del director y la ejecución de la iniciativa. El proyecto apenas tiene un 3,42 % de avance financiero.
En el 2011, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó $144 millones para financiar el programa Red Vial Cantonal II, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en conjunto con las municipalidades. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda señaló demoras a partir del 2021 porque parte de las obras fueron adjudicadas a Meco, una de las empresas investigadas en el caso Cochinilla. No obstante, en el último trimestre del 2021, cuando estalló el escándalo, el avance financiero era del 43 %, no obstante la década transcurrida desde la aprobación del crédito.
Los retrasos no se limitan al quehacer del Gobierno Central. El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene un empréstito por $179 millones concedido en el 2014 por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para desarrollar el proyecto de energía renovable Borinquen I, en Guanacaste, y los desembolsos apenas alcanzan el 16,42 % por aplazamientos de programación.
El plan de saneamiento de aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en Jacó, Quepos, Golfito y Palmares, financiado con un crédito de $77 millones otorgado en el 2019 por el Banco KFW de Alemania, tiene cero avance financiero. Las obras urgen tanto como el proyecto financiado en San José por el JICA para el tratamiento de aguas residuales. La iniciativa tardó cerca de 15 años desde la aprobación del crédito y puso a prueba la paciencia japonesa. En este caso, apenas hubo intentos de explicar las demoras, cuyas razones se fueron perdiendo de administración en administración.
Los motivos de la dilatación son diversos, señala la Contraloría, pero Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, los engloba en la ineficiencia. Nogui Acosta, ministro de Hacienda, los atribuye a la falta de estudios previos y a las deficiencias de la gestión pública. Laura Fernández, ministra de Planificación, identifica un problema estructural consistente en la falta de capacidad de gestión institucional.
Las opiniones son demasiado coincidentes y autorizadas. La incapacidad de ejecución nos paraliza y no nos estamos dando cuenta ahora. Sucedió siempre y, como decíamos al principio, sigue sucediendo. Nuestra burocracia es el único ente capaz de tropezar tantas veces con la misma piedra.
