La Asamblea Legislativa estuvo considerando la posibilidad de imponer un impuesto a la cesantía cuando rebase los ocho años fijados por el Código de Trabajo. La medida es justa cuando se considera la cantidad de instituciones autónomas cuyos empleados cobran hasta veinte años de cesantía. Lo ideal habría sido no conceder semejante privilegio, pero, como sucede con las pensiones de lujo, a falta de mejor remedio, dadas las normas sobre derechos adquiridos, la sociedad podría conformarse con recuperar una parte de los fondos mediante impuestos y cerrar el acceso al privilegio en el futuro.
Pero la iniciativa de gravar la cesantía no tenía esa función. La idea era aplicarla, por igual, a trabajadores de la empresa privada y aun a los solidaristas. Estos últimos cobran cesantía sin tope porque ellos y sus empresas han ahorrado los fondos correspondientes, sin contribución alguna del Estado. Someterlos al mismo tratamiento de la ruptura del tope en las instituciones autónomas es, más que una injusticia, una confiscación.
Otro tanto puede decirse del intento de gravar las pensiones complementarias y voluntarias. La burocracia se recetó con largueza unos regímenes de jubilación insuperables por sus beneficios y el escaso esfuerzo invertido para lograrlos. Las pensiones ya fueron concedidas y solo los tributos pueden emparejar las cuentas aunque sea en diminuta proporción.
Pero la propuesta es gravar todas las pensiones, incluidas las correspondientes a lo estrictamente ahorrado por el beneficiario. Las pensiones de lujo son una gracia concedida por el mérito de haber sido funcionario. Las complementarias y voluntarias son fruto del esfuerzo individual. No hay equiparación posible, pero se pensó en hacerla, a la fuerza.
Los regímenes complementario y voluntario fueron establecidos por el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez con la expresa intención (así lo dice la exposición de motivos) de crear un mecanismo para compensar el deterioro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social. Los beneficios del régimen de pensiones que cobija a la mayor parte de costarricenses valen cada vez menos.
Como el Estado se sabe incapaz de entregar lo prometido a los afiliados del IVM, les propuso algunos incentivos para que ellos mismos se encargaran de su vejez. Ahora, los diputados consideraron, brevemente, decirles que todo fue un engaño. Buena parte del esfuerzo sería confiscado para complacer la extraña convicción de que nadie debe tener una pensión alta, aunque la haya trabajado.
Las pensiones del IVM ya pagan impuesto sobre la renta. El cobro es particularmente injusto hacia quienes cotizaron para una pensión mayor que el tope fijado por la Caja. La diferencia entre el tope y el monto que debieron cobrar es solidaridad social, pero, luego de descontada esa contribución, se les aplica el impuesto. Otros que no llegan al tope, pero están en el rango de ingresos en que el impuesto sobre la renta es aplicable, lo pagan sobre montos que representan un reducido porcentaje de sus ingresos anteriores y están destinados a satisfacer las necesidades de la vejez.
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Ninguno de esos sacrificios exigidos a los costarricenses se justifica mientras el Estado insista en utilizarlos para financiar privilegios a los suyos y los diputados hacen mal en siquiera considerar la posibilidad de agravar la carga en lugar de procurar el equilibrio fiscal mediante un retorno, aunque sea paulatino, a la justicia y el trato igualitario, con respeto para el esfuerzo de cada cual.