Tres empresas distribuidoras de energía eléctrica, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y Coopeguanacaste R. L., solicitaron a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) cuantiosos aumentos tarifarios cuyos cobros empezarían a regir en el 2020.
En el caso de la ESPH, la suma acumulada por efecto de la subida de precios, en los próximos dos años, llegaría al 33 %. Como el gasto en energía eléctrica constituye un componente primordial del costo de la cesta de bienes y servicios adquiridos por las familias costarricenses, y por la indebida justificación de lo pedido por las distribuidoras, la Aresep debe analizar esos incrementos con especial cuidado.
El alza en la tarifas tiene como objetivo, de acuerdo con los proponentes, financiar inversiones y gastos de operación de sus empresas, así como futuras remuneraciones de sus funcionarios. Además, según aducen, toma en cuenta el pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA) que ahora se añade al servicio. Este último motivo refleja un desconocimiento de cómo funciona el IVA porque, como su nombre lo indica, actúa sobre “el valor agregado”, no sobre lo pagado en cada una de las etapas del proceso: producción, venta mayorista y venta al detalle.
Si bien el IVA se cobra en las distintas fases, los cobros intermedios son objeto de deducción y, al final, quien paga el tributo es el consumidor. La forma como funciona es una de las características sobresalientes del IVA y, es también, lo que lo diferencia del impuesto sobre las ventas. Al aplicarse en cada eslabón del proceso productivo y de comercialización, sin deducciones, tiene un efecto cascada.
El verdadero motivo de la solicitud del aumento tarifario, podemos concluir, es cubrir gastos de operación y remuneraciones de las empresas distribuidoras, no enfrentar el pago del IVA. La inflación influye en los salarios y eso debe ser tomado en cuenta al autorizar aumentos tarifarios. Sin embargo, la inflación hasta ahora ha sido baja. Las inversiones deben ser objeto de otra consideración, pues es posible financiarlas con deuda y, cuando las obras entren en funcionamiento, las empresas contarán con una mayor cantidad de electricidad para la venta, por lo cual, con las tarifas actuales —no necesariamente con otras más caras— pueden hacer frente a sus nuevos costos.
Los precios de los bienes y servicios producidos por empresas de servicios públicos, como las productoras y distribuidoras de energía eléctrica, la Refinadora Costarricense de Petróleo, el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Costarricense de Electricidad, tienen un gran peso en la determinación del costo de vida de las familias, cuya medida se efectúa mediante el índice de precios al consumidor. Como algunas de esas empresas estatales son monopolios o cuasimonopolios, existe la tendencia a favorecer un manojo de privilegios que no tienen los empleados de las empresas privadas.
La labor de la Aresep es crucial, y debe ser llevada a cabo con apego a máximos estándares técnicos a fin de promover la eficiencia en los servicios y los costos de producción. No debe cargar con “impuestos” a la ciudadanía, como se constituyen los precios indebidamente inflados, pues, conforme lo dispone la Constitución Política, esa labor le corresponde a la Asamblea Legislativa.
De la Aresep, esperamos el rechazo de los aumentos en las tarifas eléctricas hasta de un 33 % en dos años, como solicitó la ESPH, y un estudio detallado del resto de peticiones.