20 julio

A falta de un acuerdo político para enfrentar los problemas macroeconómicos causados por las medidas de confinamiento impuestas para combatir la pandemia de la covid-19, Costa Rica se arriesga a caer en una crisis como la de 1981, aseveró Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica.

Las causas de aquella crisis, compartida por casi todos los países de América Latina y conducente a la “década perdida”, son muy diferentes a las de la pandemia, pero si no actuamos con celeridad, podría haber lamentables similitudes en los efectos. La crisis actual se refleja en un altísimo déficit y un pesado endeudamiento del Gobierno Central. También aumenta el desempleo, cercano a un 20 % de la población económicamente activa, y, por ende, crece la pobreza.

Las autoridades económicas coinciden en la necesidad de suscribir acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos a tasas de interés más bajas y, también, porque un convenio con el FMI actúa como un “sello de confianza”, en palabras del presidente del BCCR, lo cual permite conseguir empréstitos más favorables de otras entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como de fuentes privadas.

Pero el FMI no concede préstamos incondicionados. Exige un programa de acción oficial en el campo macroeconómico, en particular en el de las finanzas públicas, con buena probabilidad de conducir, en el futuro cercano, a la solución de los problemas actuales. Para asumir esos compromisos, es necesario un acuerdo político de alto nivel, especialmente entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, sobre las medidas por ejecutar, los responsables de hacerlo, los plazos y los resultados esperados. Semejante acuerdo adquiere especial relevancia dada la proximidad del proceso electoral de febrero del 2022.

Según Cubero, el programa de ajustes negociado con el FMI deberá incluir un capítulo de proyecciones fiscales, pasivas y con la aplicación de una serie de medidas concretas que, además, deberán promover el “crecimiento económico inclusivo”. En principio, ese es el camino, pero todavía falta una propuesta concreta del Poder Ejecutivo para servir de base a la negociación con la Asamblea Legislativa.

En una extensa entrevista concedida por el presidente del BCCR a este medio, no profundizó en las bases de la negociación interna porque, a la fecha, hay “conversaciones con jefes de fracción sobre el proceso que seguirán en las próximas semanas, no sobre el fondo todavía”.

El programa macroeconómico para enfrentar los estragos causados por la pandemia debe comenzar por definir el escenario más probable en materia de salud. ¿Durará la pandemia 3, 6 o 12 meses más? ¿Cuál es el ritmo de apertura económica deseable y cuáles son las consecuencias en lo social (desempleo, pobreza) y en lo fiscal (ingresos, gastos, déficit y endeudamiento). ¿Cuáles son las medidas de ajuste por el lado del gasto, de los ingresos tributarios y del financiamiento?

Desafortunadamente, todavía es incierto el fin de la crisis sanitaria. Por ende, también son inciertos sus costos macroeconómicos y sociales. Aun así, el Ejecutivo debe preparar algunos escenarios posibles con sus consecuencias. También parece inevitable comenzar a reactivar selectiva y controladamente más y más actividades económicas, pues el costo del confinamiento es muy elevado. La reactivación no solo coadyuva a aliviar el desempleo y la pobreza, sino que mejora la recaudación fiscal y alivia el déficit.

Ojalá el Ejecutivo ponga pronto en conocimiento de la Asamblea Legislativa, y de la ciudadanía, la propuesta de ajuste macroeconómico que, bien consensuada, se constituiría en la base para la urgente negociación con el FMI.